MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT pidió hoy a la Comunidad de Madrid que se haga cargo de los mayores de la residencia Juan XXIII de Alcobendas, acusada de malos tratos a los ancianos, con el fin de garantizar su atención y un trato digno después de que el Gobierno regional haya decidido su cierre cautelar.
UGT sostiene que en algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid la calidad del servicio que se presta y los controles que desde la Administración Regional "se tienen que establecer para que el trato que se dispensa a los mayores y los servicios que se prestan sean de calidad".
UGT subraya que estas situaciones deben considerarse como puntuales y que no es extensible, de ninguna de las maneras, a la red de residencias públicas y concertadas que hay en la Comunidad de Madrid.
Ahora bien, como queda perfectamente reflejado en el reportaje de Tele5 "hay determinas personas que se aprovechan de la falta de los controles necesarios para ejercer la explotación de las personas y las familias de los mayores que necesitan de estos servicios".
"No hay que olvidar que la oferta de recursos sociosanitarios es muy escasa en nuestra región y que desde el Gobierno regional no se ha hecho el esfuerzo presupuestario necesario para reducir las listas de espera de 17.000 inscritos para acceder a una plaza en una residencia pública con gestión directa", apunta el sindicato.
La alternativa para las familias, apunta, pasa por el desembolso económico para poder atender las necesidades de sus mayores y es aquí donde determinadas personas hacen de la necesidad un gran negocio. "Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales deberían tomarse las decisiones oportunas para evitar en nuestra Región este tipo de tropelías", sostiene UGT.
"La Consejería y el Gobierno Regional tienen una oportunidad para que sus declaraciones, llenas de buenas intenciones, sean creíbles con la puesta en marcha de los derechos que las personas dependientes tienen reconocidos en la reciente ley aprobada en nuestro país", añade.
"El que esta ley sirva a nuestras personas mayores dependerá, en gran medida, de la voluntad de política del Gobierno Regional por tomarse en serio este asunto que afecta directa e indirectamente a miles de personas en nuestra Región por lo que exigimos la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en la Comunidad", subraya UGT.
