MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización Derecho a Vivir (DAV) ha criticado que el Gobierno de Aragón incluya a los centros abortistas entre la lista de empresas con prioridad para cobrar la deuda contraída con la administración. "Constituye un ejemplo clarísimo de la distorsión de la escala de valores que vivimos en nuestra sociedad", añade la organización.
En este sentido, la portavoz de DAV, Gádor Joya, sostiene que "esta decisión constituye un trato de favor inaceptable hacia quienes se lucran con la muerte de seres humanos, aún más en una situación de crisis". "Resulta indignante observar cómo las presiones de la industria del aborto surten más efecto en la administración que el sufrimiento de familias y autónomos arruinados por el dinero que se les debe", ha añadido.
A juicio de la portavoz, se trata de un modelo de negocio "inmoral", pues se basa en "la muerte cruel de un ser humano y el sufrimiento de su madre, que además nutre sus arcas del dinero público".
"El Ministerio de Sanidad se equivoca al decidir una serie de recortes sanitarios debido a la crisis, mientras se mantiene el aborto como una prestación sanitaria más", incide Joya.
