SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 May. (EP/IP) -
Amnistía Internacional (AI), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Médicos del Mundo anunciaron hoy que pedirán al Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado que se "impliquen" en el caso de los 23 asiáticos del 'Marine I' que, después de tres meses, siguen detenidos en Nuadibú (Mauritania) por las autoridades españolas. Además, avanzaron que llevarán el caso al comisario europeo de Derechos Humanos.
Según estas organizaciones, a estas 23 personas, que "se han negado" a regresar a su país por "fundados temores" de riesgo para sus vidas, se les siguen negando los derechos que recoge la legislación española. "Ninguna autoridad judicial, agregaron, ha controlado el proceso, no han sido informados de los motivos de la detención ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de limbo legal".
Denunciaron asimismo que los más de veinte inmigrantes no hayan podido tener acceso a un procedimiento de asilo con "todas las garantías" y expresaron su preocupación ante el endurecimiento de las condiciones de acogida "como medio de persuasión" para que acepten el retorno a sus países.
"Transmitimos al Gobierno español nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses. No se sabe en base a qué normativa se les ha internado ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan", explicó la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez.
Por su parte, el presidente de CEAR, Ignacio Díaz, afirmó que su asociación ha interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de estas personas. Recordó que el grupo se encuentra detenido bajo custodia de las autoridades españolas y, sin embargo, no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española y el Convenio Europeo de derechos humanos.
"Estas personas han manifestado motivos de persecución y deben tener acceso al procedimiento español de asilo con todas las garantías", manifestó el presidente de CEAR.
EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA
Según la evaluación psiquiátrica, realizada por Médicos del Mundo, el periodo de detención les habría ocasionado un daño mental que podría agravarse de prolongarse su detención. De dichos análisis se concluye que, de perdurar la situación actual, podrían aparecer conductas agresivas para el entorno o para sí mismos.
"Después de 94 días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresiones, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida", afirmó la médico psiquiatra de Médicos del Mundo, Pau Pérez, al tiempo que aseguró que su asociación ha trasladado a las autoridades españolas en Nuadibú que, de persistir la situación actual, "podrían poner en riesgo sus propias vidas".
Amnistía Internacional, CEAR y Médicos del Mundo coincidieron en señalar que se han producido graves deficiencias en el proceso de identificación de las 23 personas y solicitan al Gobierno que explique bajo qué ordenamiento jurídico están detenidas estas personas, si han recibido asistencia letrada e información sobre sus derechos y con qué garantías y en base a qué resolución judicial permanecen detenidas desde hace más de tres meses.
Todo ello lleva a estas tres ONG a solicitar al Gobierno que de forma inmediata España asuma su responsabilidad con relación a estas personas, que cese su detención o se les acuse formalmente de algún delito. A su entender, España debe garantizar el acceso de estas 23 personas al procedimiento español de asilo.
