LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha criticado que el buque Esmeralda, de la Armada chilena, recorra el mundo como embajador de Chile, después de que se tenga constancia de diversos casos de encarcelamiento político y tortura ocurridos a bordo del buque en 1973, tras el golpe de Estado que lideró Augusto Pinochet.
Y es que este buque escuela, que ha estado en Cádiz hasta el 31 de octubre, y que está previsto que llegue este lunes, 5 de noviembre, a Las Palmas de Gran Canaria, se utilizó en 1973 "como centro para interrogar a decenas de detenidos", según informó la organización en nota de prensa.
En este sentido, señalan que personas que sobrevivieron a los interrogatorios a bordo del Esmeralda "han hablado de brutales palizas, descargas eléctricas y agresión sexual", es por ello que AI solicita a las autoridades un reconocimiento de estos hechos y una reparación judicial y material para las víctimas y sus familiares.
"En el contexto de la nueva llegada a España de este buque, Amnistía Internacional recuerda que el Gobierno chileno debe asegurarse de que se pone a disposición judicial a todos los responsables de estos abyectos crímenes, incluidos quienes dieron la orden de cometerlos", subrayó la directora adjunta de AI en España, Eva Suárez-Llanos.
Añadió que "mientras no es así resulta tremendamente irónico" que el Esmeralda siga recorriendo los puertos del mundo como "presunto embajador de Chile cuando hay impunidad para las personas que dieron orden de cometer infames caso de tortura bajo su cubierta".
En relación a los casos ocurrido, se citó el del padre Michael Woodward, sacerdote católico que tenía la doble nacionalidad británica y chilena, que murió en 1973 a consecuencia de la tortura a la que lo sometieron a bordo del Esmeralda, después de que fuera detenido el 16 de septiembre de 1973 en Valparaíso por una patrulla de la Armada y trasladado al buque donde fue interrogado y torturado. Finalmente, seis días más tarde fue declarado muerto en el Hospital Naval de Valparaíso aunque su cadáver nunca ha sido hallado.
Según AI, en julio de 2011, un juez chileno retiró los cargos presentados contra la mayoría de las personas que tuvieron algo que ver con su muerte e incluso después de que algunas de las personas investigadas hubieran reconocido su culpabilidad, de ahí que la organización considera "una farsa de la justicia y un ejemplo de impunidad".
Por ello, AI continúa exigiendo que los responsables de estos crímenes, incluidos quienes dieron la orden de cometerlos, pasen a disposición judicial.
