MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha presentado este jueves la campaña 'MiCuerpoMisDerechos' con el fin de impulsar la protección de los "derechos sexuales y reproductivos" en varios países del mundo.
Los responsables de la iniciativa, que durará dos años, han comparecido en la presentación con varias muñecas hinchables que, según ha explicado el director de la organización en España, Esteban Beltrán, "son un símbolo de las mujeres a las que no se les permite disfrutar libremente de estos derechos".
En este sentido, ha recordado el caso de Amina en Marruecos, que se envenenó cuando le obligaron a casarse con el hombre que la había violado; el de Hassatou en Burkina Faso, que fue maltratada por su marido porque todos los hijos que tenía eran niñas, o el de Savita, en Irlanda, que murió de una septicemia para la que había pedido que se le practicara un aborto.
"Son tres mujeres que no pudieron decidir qué hacer en relación a sus derechos", ha asegurado Beltrán, y ha insistido en que "los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos".
Así, ha insistido en que las personas "tienen derecho a pedir información sobre sexualidad, a acceder a anticonceptivos y a otros derechos de salud relacionados con ellos. También ha defendido el derecho a no sufrir violencia sexual y a no ser sometido a "relaciones, embarazos, abortos y la esterilización forzosos y los matrimonios forzados", pero ha señalado que "estas decisiones están con frecuencia controladas por el Estado, la propia familia, los profesionales médicos o las organizaciones religiosas".
En esta línea, ha recordado que, a lo largo de 2013 y principios de 2014 "se han producido retrocesos en estos derechos", entre los que ha destacado la promulgación de una "ley de prohibición del matrimonio homosexual" en Nigeria, una sentencia del Tribunal Supremo de la India que "criminaliza las relaciones homosexuales" o el incumplimiento de la edad legal mínima para contraer matrimonio en países como Burkina Faso o Sierra Leona.
LEY GALLARDÓN
También ha incluido en la lista de "retrocesos" el anteproyecto de Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada propuesto por el Gobierno español y que, según ha asegurado, "restringirá gravemente el acceso de mujeres y niñas al aborto" y los "intentos de restringir el aborto" en los últimos años en países como EE.UU., Lituania, Macedonia o Turquía.
Con respecto al texto propuesto por el gobierno español, el director de AI en España considera que "no hay un solo resquicio de algo positivo que pueda beneficiar los derechos de las mujeres" sino que las "penaliza de forma subliminal" si quieren abortar.
Por ello, ha indicado que la acción de la campaña en España irá destinada a lograr que el anteproyecto "no se apruebe y sea retirado o modificado radicalmente".
De hecho, ha indicado que la organización "hará lo que tiene que hacer para convencer al Gobierno y al Parlamento" y, pese a que no ha anunciado medidas concretas para ello porque "habrá que verlo" conforme avance el trámite parlamentario, ha señalado que contempla realizar una investigación en relación con el proyecto de ley, junto con "acción de lobby" hacia el Gobierno y llevar a cabo "la movilización de la gente".
También ha explicado que el pasado 20 de febrero remitieron una carta al ministro de Justicia con todos los aspectos del proyecto de ley que, a juicio de la organización, "deberían cambiarse" y pidiendo una reunión con él, aunque ha indicado que "todavía no han recibido respuesta".
ACCIONES EN EL MAGREB
En el marco de la campaña, a nivel internacional, la responsable de la misma, Maribel Tellado, ha explicado que "se exigirá a los Estados que deroguen todas las leyes penales y las medidas punitivas que regulan la sexualidad y la reproducción de las personas", así como que "aborden el control que se ejerce por parte de terceros".
Además, entre los objetivos de la iniciativa se encuentra el pedir la eliminación de las "barreras" que impiden el acceso a los servicios de salud y la educación sexual y que se acabe con la discriminación, "que es lo que conduce a todas las violaciones, las perpetúa y las agudiza", según ha indicado.
La acción de la organización se centrará en una serie de países en los que, según ha indicado Tellado, en los que las violaciones de estos derechos son particularmente graves y "tienen una enorme magnitud sobre la vida de las mujeres y las niñas".
Entre ellos, ha destacado los países de la zona del Magreb (Marruecos, Túnez y Argelia) donde "la violencia sexual está garantizada por el Estado, porque la legislación permite que los violadores eludan la justicia si se casan con las víctimas".
Aún así, ha reconocido que "se ha conseguido un avance muy pequeño" en Marruecos con la retirada de un artículo del Código Penal del país que permitía esta opción para los violadores, "pero quedan muchas disposiciones muy preocupantes en Marruecos y otros países", ha apostillado.
En esta línea, la activista por los derechos de la mujer en Marruecos, Fouzia Yassine, ha lamentado que "con el actual Gobierno islamista conservador se ha roto el diálogo que había con el anterior ejecutivo" con la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos, de la que forma parte.
De hecho, ha recordado que el anterior Gobierno envió un proyecto de ley a la sociedad civil para que lo analizara y viera si respondía a sus reivindicaciones, aunque señala que la organización "lo rechazó porque no correspondía con esas necesidades, por motivos filosóficos y porque contenía una serie de elementos patriarcales".
En el texto, "la mujer defendía el honor de la familia y de la sociedad, cargaba ella sola con todo este peso, pero no se reconocía su personalidad. Además, los títulos del proyecto de ley no correspondían con los Derechos Humanos y su lenguaje era humillante", ha asegurado.
Por ello, ha indicado que la asociación ha trabajado para intentar cambiar el código penal, mediante la coordinación con otras asociaciones para crear una coalición ('La primavera de la dignidad') con el objetivo de cambiar las leyes del reino alahuí e intentar "eliminar todos los artículos discriminatorios y despenalizar ciertas prácticas".
Además, pedirán que se incluyan determinados aspectos que "no están reconocidos" en la actual legislación como la violación conyugal, el acoso sexual, la violencia psicológica y económica o la expulsión de la mujer de la familia", entre otras iniciativas.
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