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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Al menos 38.500 niños fueron víctimas de algún tipo de violencia en 2013, según indica un estudio de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Save the Children a partir de los datos de denuncias de ese año, el último del que se tienen datos ya disponibles.
El documento, publicado con motivo de la conmemoración (este jueves) del 'Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión', indica que, del total de casos registrados la mayoría (30,32%) corresponden a casos de robo con fuerza e intimidación, aunque otros porcentajes cercanos corresponden a homicidios, lesiones o malos tratos (22,39%) y delitos contra la libertad sexual (18,69%).
En todo caso, los responsables del estudio consideran que estas cifras muestran "solo la punta del iceberg" y aseguran que "la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos".
En este sentido, la directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de ICAI-ICADE, Clara Martínez, ha llamado la atención sobre las "múltiples formas" en que se presenta la violencia contra la infancia y ha manifestado la gravedad de estas situaciones que, a su juicio, "muchos niños sufren en silencio" y que "están condicionando su desarrollo y su futuro".
12 ASESINADOS Y UN CENTENAR DE HUÉRFANOS
Por otra parte, el estudio hace hincapié en los niños víctimas de violencia de género y subraya que, de 2013 a esta parte, 12 menores han sido asesinados por este motivo y en torno a un centenar han quedado huéfanos, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
"Las situaciones de violencia que viven muchos niños en nuestro país son intolerables y se pueden evitar. --ha expresado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre-- Por eso es urgente que se pongan en marcha medidas para visibilizar este problema, concienciar a los ciudadanos, prevenir nuevos casos y dar una respuesta institucional adecuada".
En relación a esto, el informe incluye un llamamiento al Gobierno para exigir un compromiso de los poderes públicos en la lucha contra la violencia contra la infancia, que venga acompañado de la aprobación de una Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral a la infancia ante las agresiones.
Igualmente, incide en la necesidad de atacar el problema con una perspectiva integral que afecte tanto al ámbito familiar como a la educación, al sistema de salud y a los medios de comunicación, entre otros agentes; que permita prevenir, detectar, proteger y reparar episodios de agresiones y que todas las medidas contengan dotación presupuestaria. Por último, propone la creación de juzgados de instrucción específicos para tratar los casos de violencia contra la infancia.
