MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha requerido a las autoridades españolas que informen sobre la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la redacción de las normas ambientales, en respuesta a la queja presentada por WWF España a principios de 2009.
Según informó la organización ambientalista, la Comisión requiere esta información en relación con el escrito interpuesto por WWF España a la Dirección General de Medio Ambiente de la CE en febrero sobre la negativa del derecho de participación a las ONG de este sector a la hora de elaborar las normas de carácter ambiental.
En este requerimiento, la ONG manifiesta que las autoridades españolas habían incumplido el artículo 8 del Convenio firmado en Aarhus (Dinamarca) sobre "acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente".
Además, WWF denuncia que se le había negado a ésta y al resto de ONG de medio ambiente, la participación en la elaboración del Proyecto de Ley General de Navegación Marítima y el anteproyecto de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de puertos de interés general.
Igualmente, la organización argumenta que este derecho también figura en la Ley 27/2006 de la legislación española de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En ese sentido, acusa al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) de denegar la participación a WWF por no ser promotor de las normas y remitiéndola a los Ministerios de Fomento y de Justicia, denegando el primero su derecho a participar y no contestando el segundo.
El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, aseguró hoy que la ONG está "de enhorabuena" porque, en su opinión, "es muy positivo" que la Comisión Europea interprete el Convenio de Aarhus en el sentido propuesto por WWF. "Esto supondrá el reconocimiento efectivo de las ONG de medio ambiente del derecho a participar en normas, como la ley de desarrollo sostenible, que afectan al medio ambiente, pero no son promovidas por el ministerio de medio ambiente", valoró en un comunicado.
