MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado este miércoles en el Congreso por todos los grupos parlamentarios, por el cual todas las controversias relativas a autonomía personal y atención a la dependencia pasarán de la jurisdicción contencioso-administrativa a la social, como demandaba la discapacidad organizada.
El acuerdo alcanzado en la tramitación del Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ordena al Gobierno a que en el plazo de tres años regule la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas referidas a autonomía personal y dependencia, según ha informado el Cermi.
De este modo, ha asegurado que "en el futuro ya no será la jurisdicción contencioso-administrativa la que conocerá de estos asuntos, como sucede ahora, sino que serán competencia de la jurisdicción social, más ágil, próxima y económica para el ciudadano".
Asimismo, ha señalado que "se facilitará enormemente la tutela judicial del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, que por naturaleza propia deberían haber estado siempre en el orden jurisdiccional social".
La Comisión de Justicia del Congreso se ha hecho eco también de otra medida planteada por el Cermi, que consiste en que "el Proyecto de Ley recogiera expresamente, para que no hubiera lugar a dudas, que corresponden también a la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad".
El Cermi ha recordado que el texto original remitido por el Gobierno omitía cualquier referencia a esta materia, "lo que generaba una enorme inseguridad jurídica para las personas con discapacidad y sus familias, peligro que ahora se conjura con la incorporación explícita de esta atribución a la jurisdicción social".
