MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha registrado un "notable aumento" de consultas y quejas sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos a este colectivo, que entre 2007 y 2010 han aumentado de 207 a 408, según se recoge en el informe de 'Derechos Humanos y Discapacidad en España 2011', según informe el Cermi.
Así, de las 408 consultas, 16 afectaban a niñas con discapacidad, 17 a niños, 218 procedían de hombres y 144 de mujeres. En este sentido, destaca que un 31 por ciento de las consultas atendidas se refieren a vulneraciones que responden a cuestiones de accesibilidad. También precisa que ha habido 29 consultas referidas a temas fiscales y que un 21 por ciento de las dudas son sobre prestaciones sociales.
Además, al Cermi le "llama la atención" el incremento de las consultas pertenecientes al ámbito de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) y que "cada vez son más las personas que son capaces de identificar situaciones de discriminación, ya que se ha pasado de un 3 por ciento de consultas en 2009 a un 9 por ciento en 2010".
El informe, presentado por la delegada del Cermi para la Convención de la ONU, Ana Sastre, en el Comité Ejecutivo de la organización, también tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y la de sus familias, así como poner de manifiesto situaciones de vulneración de derechos de estas personas para seguir trabajando en la toma de conciencia social en cuanto a esos derechos y reforzar su enfoque.
Según afirma Sastre, el visto bueno de esta iniciativa "supone un compromiso que el Cermi asumió desde que entró en vigor en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". También lo ha definido como "motor para avanzar en el reconocimiento de los derechos de este colectivo".
En el documento se identifican distintas áreas, en las que, según el comité, se manifiestan situaciones de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, como las violaciones por incompatibilidad legislativa causadas por la ausencia de un enfoque de derechos humanos; la falta de igualdad de oportunidades por un déficit de regulación; y la violación del principio de participación y consulta de las personas con discapacidad.
Finalmente, el trabajo señala que el empleo, la vivienda y la educación "son los ámbitos que más preocupan al colectivo". En este sentido, destaca que el empleo público preocupa a un 20 por ciento de las personas con discapacidad y que un 80 por ciento de las viviendas tienen problemas de accesibilidad. Además, aboga por la necesidad de normalizar una educación inclusiva.
