MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió hoy al Ministerio de Sanidad y Política Social una revisión "exhaustiva" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "para que se desarrollen los servicios destinados a la primera parte de la Ley, la autonomía personal".
Además, COCEMFE aprobó el establecimiento de un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una prestación, acordado ayer por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
No obstante, el presidente de COCEMFE, Mario García, considera "primordial" realizar profundos cambios en la normativa y en el desarrollo de la ley, pues, a su juicio, "debería comprender servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal y no se ha desarrollado nada, tan solo teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y atención residencial".
"Hay que superar este modelo asistencialista para poder prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas", señaló García, y añadió que "para ello es imprescindible mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, local, autonómica y central".
En este sentido COCEMFE pide que se evalúen los resultados, tal y como estipula la propia ley al pasar tres años, y se realicen las modificaciones necesarias para la óptima implantación de este sistema "en el que el sector de la discapacidad había puesto muchas esperanzas y está comprobando que no cumple con sus expectativas y necesidades".
La confederación también reclamó a los consejeros de Política Social que ayer acudieron al Consejo Territorial "que en sus respectivas comunidades autónomas cambien de inmediato la tendencia de recortar subvenciones a programas específicos para personas con discapacidad".
Para COCEMFE el problema radica en que "muchas comunidades autónomas donde se concedían ayudas y subvenciones para las organizaciones de la discapacidad están recortando dichas ayudas amparándose en que no son situaciones de dependencia".
