MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha solicitado al Gobierno y a los partidos políticos un consenso para realizar una revisión y modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, según informó hoy en un comunicado.
El presidente de la entidad, el doctor Pedro Gil, afirmó que "el consenso es necesario si se quieren garantizar los derechos de las personas dependientes y sus familias y la equidad de las prestaciones sociales en todo el Estado español. Además, el doctor destacó que "la SEGG considera que es la única vía para vincular a las diferentes administraciones a un cumplimiento estricto y unitario de la ley".
"La SEGG considera que la aplicación de esta ley está siendo un caos y en algunos casos se está utilizando como arma política, lo que no se comprende, al tratarse de una normativa dirigida al apoyo social de personas y familias que lo necesitan", denunció y añadió que "esto ha provocado que en ocasiones los beneficiarios de una posible prestación social se hayan convertido en víctimas de la misma".
En este sentido, el presidente de la SEGG precisó que "la diferencia de criterios entre las distintas comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley de Dependencia es manifiesta y en general no hay transparencia informativa".
Para esta sociedad científica no es suficiente la iniciativa de CiU aprobada en el Congreso de los Diputados para la constitución de una comisión de expertos que analice lo ocurrido hasta la fecha en la aplicación de la Ley de Dependencia y propongan modificaciones de la misma.
Asimismo, consideran que es necesario un claro compromiso por parte de los partidos políticos para lograr su "riguroso cumplimiento" y que se garanticen los derechos constitucionales de igualdad y equidad en todo el territorio nacional.
"DISTINTAS VELOCIDADES" EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
El doctor Gil señaló que es evidente que hay distintas velocidades en la aplicación de la Ley de Dependencia, e indicó que "es inaceptable, por ejemplo, que se lleguen a tardar hasta nueve meses en tramitar las solicitudes o que haya diferencias en el importe de la prestación, o que ésta se conceda después de que haya fallecido el solicitante, o que no se preserve el núcleo familiar".
"Hay que tener en cuenta que más del 80 por ciento de las personas dependientes son mayores de 65 años, por lo que la SEGG, en la que se integran geriatras, trabajadores sociales, y otros profesionales especializados en la atención y el cuidado de las personas mayores, solicita al Gobierno y los diferentes partidos políticos participar activamente en las comisiones o grupos de expertos que se constituyan para revisar la ley y realizar las correspondientes modificaciones", concluyó el doctor Gil.
