HRW y AI piden al Gobierno iraní que cancele la ejecución de cinco miembros de la minoría árabe

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han solicitado este jueves al Gobierno de Irán que retire las sentencias de muerte y cancele la ejecución de cinco miembros de la minoría árabe del país acusados de cargos de terrorismo.

Ambas organizaciones han resaltado que los cinco --Mohammad Alí Amuri, Sayed Jaber Alboshoka, su hermano Sayed Mokhtar Alboshoka, Hashem Shabani Amuri y Hadi Rashidi-- son "activistas" de la provincia de Juzestán, de mayoría árabe.

Un tribunal revolucionario les condenó a muerte el 9 de enero tras "un juicio injusto" celebrado en julio de 2012, tras lo que las familias fueron informadas el 18 de enero de que todos ellos habían sido trasladados de la prisión, sin que se conozca su paradero.

"El traslado de estos hombres a paradero desconocido es extremadamente preocupante", ha dicho la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África, Ann Harrison.

"En Irán, los reos que están en el corredor de la muerte son generalmente trasladados a confinamiento en solitario antes de la ejecución, por lo que tememos que las autoridades planeen ejecutarles de forma inminente", ha agregado.

Los cinco fueron detenidos en sus viviendas a principios de 2011, poco antes de la celebración del sexto aniversario de las manifestaciones protagonizadas por árabes ahwazíes en abril de 2005.

La detención de Mohamad Alí Amuri se produjo apenas 20 días después de que las autoridades iraquíes le trasladaran forzosamente a Irán, de donde salió en diciembre de 2007. Durante los primeros nueve meses de cárcel tuvo prohibidas las visitas. Además, varias ONG han denunciado torturas contra él en dicho periodo.

Asimismo, Rashidi tuvo que ser hospitalizado tras su arresto, posiblemente a causa de torturas o malos tratos, mientras que familiares de Sayed Jaber Alboshoka denunciaron que los guardas le habían roto varios dientes en los interrogatorios. Además, su hermano sufre depresión y pérdidas de memoria.

El tribunal les condenó por una serie de cargos contra la seguridad nacional que no son reconocidos internacionalmente como delitos, entre los que se incluían "reunirse y confabularse contra la seguridad del Estado", "difundir propaganda contra el sistema", "enemistad hacia Dios" --'moharebeh'--, y "corrupción sobre la Tierra" --'ifsad fil-arz'--. La pena de muerte está contemplada en estos dos últimos casos.

Los cinco detenidos son miembros fundadores de Al Hiwar (Diálogo), un instituto científico y cultural registrado durante el Gobierno del expresidente Mohamad Jatami (1997-2005). El centro organiza seminarios, clases de arte y recitales de poesía en la localidad de Ramshir (Jalafiye, según es reconocida por los árabes). Las autoridades prohibieron Al Hiwar en 2005, y muchos de sus miembros han sido detenidos desde entonces.

El Gobierno ha ejecutado a decenas de personas desde las elecciones de 2009, muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas, tras ser declarados culpables de 'moharebeh' o de pertenecer a grupos terroristas. Desde mayo de 2011, las autoridades han ejecutado a al menos doce árabes ahwazíes, entre ellos un joven de 16 años, por sus presuntos lazos con grupos armados.

Activistas pro Derechos Humanos sostienen que al menos otros seis miembros de esta comunidad han sido torturados hasta la muerte cuando estaban bajo custodia tras ser detenidos por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Juzestán en los aniversarios del levantamiento de 2055 en 2011 y 2012.

Activistas kurdos han subrayado además que más de 20 miembros de su comunidad están en el corredor de la muerte tras ser declarados culpables de delitos de carácter político.

En 2012, Irán fue uno de los países que ejecutó mayor número de reos, con más de 500 prisioneros ahorcados tanto en prisiones como en lugares públicos.

"Las autoridades iraníes deben poner fin al sufrimiento de estas cinco familias informándoles del paradero de los detenidos y permitiéndoles visitarles y aceptando el acceso de sus abogados", ha dicho el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Eric Goldstein. "Bajo ningún concepto deben ser ejecutados", ha remachado.