MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha declarado, en un informe publicado este lunes, que la Sala de Crímenes de Guerra de Bosnia es una experiencia de la que deberían aprender aquellos países que quieran enjuiciar crímenes atroces.
El documento de 47 páginas, denominado 'Justicia para los crímenes atroces: Lecciones de apoyo internacional para juicios ante el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina', destaca las lecciones claves de la participación de jueces y fiscales internacionales para aumentar la capacidad del personal nacional bosnio en el tratamiento de casos delicados y complejos derivados de la guerra que ocurrió entre 1992 y 1995, ha señalado un comunicado de la organización.
En los siete años de operaciones del Tribunal de Justicia del Estado, tanto la sala como el Departamento Especial de Crímenes de Guerra (SDWC) de la Fiscalía han completado más de 200 casos.
"La construcción de un tribunal desde cero en un país después de un conflicto es una tarea hercúlea", ha dicho la consejera principal del programa de justicia internacional de HRW, Param-Preet Singh. "Los éxitos de la sala y la Fiscalía son un testimonio de lo que se puede lograr cuando los gobiernos nacionales y los donantes internacionales convierten en prioridad lograr justicia en crímenes atroces", ha añadido.
El informe se basa en entrevistas a varios responsables en Sarajevo, incluidos miembros del personal internacional y nacional de la Sala de Crímenes de Guerra, el Departamento Especial de Crímenes de Guerra de la Fiscalía, la oficina de defensa, la investigación del Estado y la Agencia de Protección de Bosnia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los diplomáticos y organismos donantes.
Si bien los logros de la sala y la Fiscalía son significativos, el modelo bosnio de utilizar la asistencia internacional no ha estado exento de errores, ha señalado HRW. Pone como ejemplo que los donantes internacionales, los políticos y las autoridades bosnias no han hecho el mejor uso de la experiencia internacional para construir su propio sistema de tribunales y llevar casos a juicio. La ONG estima que si estas deficiencias se hubieran abordado con anterioridad, la sala y la Fiscalía hubieran estado en una mejor posición para soportar el clima político en Bosnia, que se ha vuelto cada vez más hostil a las instituciones estatales, como el tribunal.
La participación de los jueces y fiscales internacionales originalmente expiraba a finales de 2009. Sin embargo, en el último minuto, el alto representante en Bosnia extendió el plazo, en medio de la preocupación generalizada, a nivel nacional e internacional, de que la salida prematura del personal extranjero haría más difícil completar los casos con éxito. Jueces y fiscales foráneos ahora deben abandonar el país al cierre de 2012.
"A medida que la sala y la Fiscalía se conviertan en instituciones puramente nacionales, será aún más importante para el Gobierno bosnio y los donantes internacionales expresar un firme apoyo al trabajo de la sala y la Fiscalía", ha indicado Singh. "A los responsables de los peores crímenes cometidos durante la guerra se les debe recordar que no pueden escapar de la justicia, simplemente porque el personal internacional no ha dejado Bosnia", ha agregado.
EL APOYO INTERNACIONAL
La necesidad de rendición de cuentas de los asesinatos en masa, violaciones, destrucción generalizada y el desplazamiento de la población que caracterizó a la guerra de Bosnia llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en 1993.
Estimulado en parte por el inminente cierre del TPIY, en 2003, la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina (OAR), junto con el propio TPIY, impulsó la constitución de una Sala de Crímenes de Guerra especializada, en el ámbito estatal, para manejar muchos de los casos pendientes.
Un componente crucial fue la inclusión temporal de los jueces internacionales en la sala y de fiscales internacionales en el Departamento Especial de Crímenes de Guerra de la Fiscalía, para reforzar su capacidad. Tras la aprobación de las leyes pertinentes por parte de las autoridades bosnias, la Sala de Crímenes de Guerra comenzó a operar en marzo de 2005.
Sin embargo, señala el comunicado, el panorama político en Bosnia se ha deteriorado significativamente desde que la Sala de Crímenes de Guerra y el Departamento Especial iniciaron sus operaciones. Explica el texto que el enjuiciamiento de los crímenes atroces derivados de la época de la guerra ha entrado en conflicto con la retórica nacionalista cada vez más contundente.
"La situación tiene sus raíces en antiguas tensiones étnicas y es parte de una agenda política más amplia dirigida a socavar las instituciones del Estado, que, en virtud de un acuerdo que puso fin a la guerra, reunió a los serbios, musulmanes y croatas de Bosnia bajo una Presidencia tripartita", dice la nota de prensa, que añade que algunos políticos nacionales, en particular en la República Srpska, la región serbia de Bosnia, han realizado enérgicos esfuerzos para socavar el Tribunal Estatal de Bosnia y los fiscales. Estos alegan, entre otras cosas, que las instituciones están sesgadas debido a la existencia de una mayor cantidad de casos contra los serbios.
Asimismo, el informe de HRW analiza la importancia de elaborar un plan realista para eliminar el personal internacional y de involucrar a la opinión pública con la creación de un clima que favorezca la justicia.
"La experiencia de Bosnia ha arrojado luz sobre el valor añadido del personal internacional, pero también sobre las oportunidades que se han perdido para aprovechar al máximo lo que los jueces y fiscales internacionales tienen que ofrecer", ha estimado Singh. "Las autoridades y los donantes deben considerar cuidadosamente la experiencia de Bosnia para evitar reinventar la rueda en otros países donde la justicia nacional persigue crímenes internacionales", ha añadido.
El informe forma parte de un trabajo más amplio efectuado por HRW sobre juicios nacionales para crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, que incluye la investigación relacionada con Uganda, República Democrática del Congo, Guinea y Kenia.