MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las autoridades de cuatro provincias chinas con altos niveles de contaminación industrial están restringiendo el acceso a las pruebas para detectar en personas una posible contaminación por plomo, retrasando y falsificando los resultados de esas pruebas y negando el tratamiento médico a los niños afectados.
HRW ha asegurado en un informe que los familiares de los afectados y los periodistas que piden información sobre este tema son "intimidados y acosados", unas acciones que "infringen las leyes chinas y condenan a cientos de miles de niños a sufrir discapacidades mentales y físicas".
La organización ha realizado un estudio en localidades de las provincias de Henan, Yunnan, Shaanxi y Hunan donde existe una gran contaminación por plomo. El director del departamento de salud y Derechos Humanos de HRW, Joe Amon, ha señalado que "a niños con altos niveles de plomo en sangre se les niega el tratamiento y se les hace volver a sus casas contaminadas en localidades contaminadas".
"Lo padres, periodistas y activistas comunitarios que se atreven a hablar sobre el tema del plomo son detenidos, acosados y silenciados", ha añadido.
Los últimos casos de contaminación por plomo se conocieron en la provincia de Zheijang (este del país), donde 103 niños y decenas de adultos resultaron envenenados por las actividades de un taller que fabrica papel de aluminio.
MEDIDAS INSUFICIENTES
HRW reconoce que, como respuesta a los numerosos casos de envenenamiento por plomo que se han dado en China en la última década, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente ha tomado medidas para intentar acabar con el problema, pero concluye que no ha "abordado las consecuencias para la salud de la intoxicación por plomo" ni ha reconocido el "derecho de los niños expuestos al plomo a recibir atención médica".
Por eso, ha pedido a las autoridades que se aseguren de que se cubren las necesidades médicas de las personas que viven en zonas contaminadas y de que éstas se limpian. "No basta con sancionar a los propietarios de las fábricas y a los funcionarios cuando una localidad está muy contaminada", ha subrayado Amon.
El informe dice que las autoridades locales de las áreas contaminadas han impuesto "límites arbitrarios" al acceso a los análisis de sangre, por ejemplo permitiendo que solo las personas que viven muy cerca de una fábrica se hagan las pruebas.
Cuando se hacen esos análisis, "los resultados son a menudo contradictorios o no se entregan a las víctimas y sus familias". Además, a los niños envenenados por el plomo "se les ha negado la atención médica o, simplemente, se les ha dicho que coman ciertos alimentos", añade.
GRAVES DAÑOS PARA LA SALUD
El plomo es un metal muy tóxico que puede dañar las funciones neurológicas, biológicas y cognitivas del cuerpo humano. Su ingestión en grandes cantidades puede causar daños en el cerebro, el hígado, los riñones, el sistema nervioso y el estómago, así como anemia, un coma, convulsiones e incluso la muerte.
Los niños son especialmente vulnerables, y una exposición alta al plomo puede provocarles discapacidades intelectuales y en su desarrollo. El informe cuenta las experiencias de decenas de padres cuyos hijos padecen efectos graves y crónicos del envenenamiento.
Una madre de Yunnan, por ejemplo, cuenta cómo un médico reconoció que todos los niños de la localidad estaban enfermos por el plomo y unos meses más tarde les dijo, sin enseñarles los resultados de las pruebas, que ya estaban sanos. En Shaanxi, una abuela contó que las autoridades les dieron ajo como tratamiento para su nieto y se negaron a proporcionarle medicamentos porque, según ellas, no servirían para nada.
En los últimos años, el Gobierno chino ha aprobado nuevas normas para reducir la contaminación industrial y proteger el medioambiente y la salud de las personas, pero, según HRW, no siembre se aplican. Además, la organización considera que no se ha hecho lo suficiente para reducir la contaminación por plomo en las localidades más afectadas.
Al final del informe, HRW recomienda que se usen métodos científicos fiables para designar las zonas de riesgo y que sus habitantes puedan realizarse análisis de sangre gratuitos para saber si están envenenados, así como que las autoridades ofrezcan tratamientos médicos adecuados a los enfermos.
Igualmente, propone que el Ministerio de Protección del Medio Ambiente mida los niveles de contaminación en el entorno de las fábricas situadas cerca de zonas residenciales y revise las normas vigentes para que las fábricas que supongan un peligro para la salud pública sean cerradas. Por último, indica que los funcionarios y los propietarios de fábricas que ni cumplan las normas medioambientales deben ser procesados.
