MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación judicial considerada como progresista Jueces para la Democracia (JpD) acusó hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la "instrumentalización del asesinato de una niña, bajo apariencia de empatía social" con el objetivo de "eludir sus responsabilidades" en el estado actual de la Administración de Justicia.
Así se expresa JpD en una nota hecha pública en la que contesta a las declaraciones que "en las últimas semanas" han realizado diversos miembros del Gobierno "sobre cómo debía actuar en el ámbito disciplinario el Consejo General del Poder Judicial".
En concreto se refieren a una entrevista concedida a 'El País' en la que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "manifestó su deseo de que el juez Tirado --sancionado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino a la niña Mari Luz-- fuera sancionado con tres años de suspensión".
"Resulta rechazable la instrumentalización del asesinato de una niña para trasmitir un mensaje que, bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la justicia española, respecto de la cual mucho tiene que decir el Ejecutivo", dice la asociación a través de un comunicado.
JpD considera "inaceptable, desde la más elemental asunción de la regla constitucional de distribución del poder, que los miembros del ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva". Según el comunicado, "estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial".
NECESIDAD DE MODERNIZACIÓN
"Las respuestas políticas que sólo tienen en cuenta la proyección mediática del hecho ilícito, renuncian de antemano a analizarlo a fin de tomar medidas preventivas que lo eviten", añade la nota que, además, estima que "ya es hora de poner sobre la mesa los errores del ejecutivo en la gestión en materia de justicia, y su escaso impulso para la modernización del sistema judicial".
Por ello, insiste en que "las sucesivas declaraciones de miembros del Ejecutivo reclamando la máxima sanción, sin hacer una sola referencia a que la situación estructural de la Justicia española permite explicar, en parte, sus graves disfunciones, recuerda a un ejercicio irresponsable del poder que creíamos ya superado".
"Vivimos un progresivo deterioro de nuestro espacio político en el que los partidos se atreven, sin disimulo alguno, a alardear de pactos, acuerdos o decisiones que contradicen el espíritu y aun la letra de la Constitución, que los jueces no avalaremos con nuestro silencio", asegura Jueces para la Democracia, que concluye su comunicación insistiendo en que "el poder judicial y el CGPJ no son apéndices del poder Ejecutivo, y que no dejaremos de denunciar las intromisiones de otros poderes".
