Más de 5.000 víctimas de violencia de género y doméstica reciben atención o protección de la Ertzaintza

VITORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha informado de que a finales de abril había un total de 4.658 expedientes abiertos de mujeres víctimas de violencia de género en el País Vasco, atendidas por un equipo de 74 profesionales repartidos por las 25 comisarías de la Ertzaintza, y ha aclarado que la desaparición de la unidad de acompañamiento de la Policía autonómica vasca para mujeres víctimas de este tipo de violencia "no va a afectar" al servicio que se ofrece porque "toda mujer que necesite protección, la va a tener".

Beltrán de Heredia ha comparecido este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, a petición del PSE, para explicar su propuesta de protección a mujeres víctimas de la violencia de género ante la desaparición de la unidad de acompañamiento, e informar de qué manera asumirá Emakunde las funciones de la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género.

La titular de Seguridad ha aclarado que la Dirección de atención a las víctimas de violencia de género y violencia doméstica existente en la legislatura pasada desaparece en esta nueva estructura departamental creada por el nuevo Gobierno vasco, y las funciones ejercidas por esta dirección vuelven a estar en Emakunde, al entender que "todas las políticas en materia de prevención de malos tratos, violencia de género y doméstica, son políticas que requieren de una transversalidad" que apuesta por que se dé desde la propia Lehendakartiza.

Asimismo, ha matizado que la unidad de acompañamiento, en ningún caso ha sido una unidad especializada en materia de género, y ha informado de que en cada una de las 25 comisarías de la Ertzaintza, existen grupos de violencia de género y/o doméstica, formados por 74 profesionales encargados de abrir y gestionar los expedientes --uno por cada unidad familiar para dar una asistencia y tratamiento global--, y adjudicar un ertzaina de referencia, que es el contacto con el que la o las víctimas traten de manera habitual.

"Toda mujer que necesite protección, la va a tener", ha asegurado la consejera quien ha recordado que hay casos en los que la víctima puede rechazar esa protección, por ello ha insistido en la concienciación como medida preventiva porque "la lucha constante contra esta inaceptable conculcación de derechos es un servicio policial y una labor social".

Según ha explicado, cuando la Ertzaintza tiene conocimiento del caso y a fin de articular las medidas de protección a cada víctima, los agentes realizan una valoración de la situación de riesgo en que se encuentra la víctima para prevenir nuevas agresiones y protegerla adecuadamente con las medidas policiales de protección pertinentes. En este sentido, ha señalado que en el último año se ha detenido a 237 agresores que han quebrantado la orden judicial de alejamiento o las medidas de Seguridad impuestas.

Beltrán de Heredia ha dado a conocer los datos más recientes que maneja la Ertzaintza que revelan que a día 29 de abril de este año había en ejecución un total de 4.658 expedientes de mujeres víctimas de violencia doméstica o de género, y otros 828 expedientes de hombres afectados por el mismo problema.

Tras cumplimentar un cuestionario y en colaboración con la departamento de Psicología clínica de la Universidad del país vasco (UPV/EHU), se valora y fija el nivel de riesgo de la víctima que puede ser básico, alto y especial, y en base a ello, se definen las medidas policiales de protección de carácter prejudicial. En el caso de las 4.658 mujeres que reciben algún tipo de protección o servicio de seguridad en función del riesgo al que están expuestas, un 70 por ciento tiene asignado un nivel de riesgo básico, un 28,5 por ciento alto y el 1,5 por ciento especial.

A las mujeres con un nivel de riesgo básico se les ofrece como mínimo formación en medidas de protección, comprobaciones aleatorias mediante teléfono, y el teléfono de atención gratuita 'bortxa' que hasta el 29 de abril utilizan 886 víctimas. Con un nivel de riesgo alto se les ofrece, además de las anteriores, el traslado al juzgado a la primera comparecencia.

RIESGO ESPECIAL

En el caso de las víctimas con nivel de riesgo especial, se les ofrece también vigilancia permanente, es decir, un servicio de escolta a disposición de la víctima las 24 horas del día, contratado por el Departamento de Seguridad y supervisado por la ertzaintza, que hasta el 29 de abril vigilaban a 53 mujeres, seis de ellas con una vigilancia esporádica que depende, por ejemplo, de los días de permiso penitenciario del agresor o de la propia víctima.

Además, disponen de actividades preventivas sobre rutinas y zonas que llevan a cabo ertzainas de uniforme y con coches patrulla, y tiene como objetivo proteger a la víctima y disuadir al agresor. Aunque estas medidas son obligatorias solo para victimas con nivel de riesgo especial, en marzo tenían activada la tarea preventiva sobre rutina un total de 692 victimas y la de zona un total de 1.729 victimas.

A las víctimas que rechazan la vigilancia permanente y tengan una orden de alejamiento, la Ertzaintza les ofrece tramitar ante el Juzgado la solicitud para instalar las pulseras electrónicas para el control de la medida. Hasta el 29 de abril, un total de 28 mujeres llevan la pulsera electrónica.

CONTRAVIGILANCIA

Finalmente, las víctimas con riesgo especial que no han aceptado ni la vigilancia permanente ni la pulsera, se les activa un protocolo de protección mediante contravigilancia que se realizan de forma puntual y no permanente, y es realizada por ertzaintzas no uniformados y en coches sin distintivos policiales. Un total de 32 mujeres disponían de esta contravigilancia hasta el 29 de abril.

Beltrán de Heredia ha explicado que estas contravigilancias son las que realizaba la denominada unidad de acompañamiento, que en su día se creó para proteger a las personas amenazadas por ETA y que en octubre de 2011 se reorientaron para realizar esta actividad.

Sin embargo, ha explicado que continuarán con su labor hasta la desaparición de la propia unidad y que la contravigilancia se va a coordinar desde las propias comisarías. Al respecto, ha defendido que la medidas busca "reducir la victimización secundaria", ya que "la víctima deberá relatar su experiencia y rutinas a menos personas".