Las ONG esperan que España tome medidas contra las bombas de racimo en cumplimiento de la Declaración de Oslo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones no gubernamentales Greenpeace, Fundació per la Pau, Greenpeace, Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Moviment per la Pau y Justicia i Pau expresaron hoy su esperanza de que el Gobierno español actué en sintonía con la Declaración de Oslo para la prohibición de este tipo de armas, de la que España es signataria, y "tome alguna medida de carácter unilateral" que ayude a acabar con este tipo de armas.

Desde el pasado 4 de diciembre y hasta hoy, afirman las ONG, "137 gobiernos de todo el mundo y casi 150 activistas de cuarenta países se han reunido en Viena para participar en la Conferencia Internacional sobre las Bombas de Racimo, un escalón más en el proceso que empezó en Oslo a principios de este año".

El llamado Proceso de Oslo comenzó en febrero de 2007, cuando 46 gobiernos apoyaron la Declaración de Oslo en favor del establecimiento de un instrumento legalmente vinculante para que en 2008 se prohíban las bombas de racimo, un asunto que, a juicio de las ONG, no es "exclusivamente de defensa ni de intereses militares o industriales", ya que "el 98 por ciento de las víctimas de las bombas de racimo son civiles".

"Durante estos cuatro días, Estados y sociedad civil han debatido sobre los elementos más importantes del que debe ser el futuro Tratado para Prohibir las Bombas de Racimo, que debería ser aprobado a lo largo del próximo 2008", prosiguen las ONG en un comunicado.

En la conferencia se debatieron asuntos como "la propia definición de este tipo de bombas y su alcance, la asistencia a las víctimas y la cooperación internacional con las comunidades afectadas por su uso, así como los plazos de aplicación y transición del Tratado, una vez esté aprobado".

"Algunos países, como Japón, Reino Unido o Finlandia, han continuado defendiendo que se incluyan amplias excepciones a la prohibición, para permitir el uso de las bombas de racimo con mecanismos autodestructivos y de auto neutralización, planteando, por lo tanto, que éstas queden fuera del Tratado", prosigue el texto.

Otro grupo de países, entre los que se encuentra Alemania, "parecería interesado en dejar fuera del alcance de este nuevo régimen internacional aquellos modelos que, según ellos, tienen un alto grado de fiabilidad para conseguir su objetivo", añade.

En cambio, "hay muchos otros países (sobre todo los africanos, latinoamericanos y algunos europeos) que junto con las agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición contra las Bombas de Racimo y otras ONG, tienen una posición clara y firme sobre la necesidad de la prohibición total", manifiestan las ONG.

ESPAÑA

"El Gobierno español, que participa en el Proceso desde sus inicios y que es signatario de la Declaración de Oslo, ha hecho explícita en esta Conferencia su posición de poner en el centro del proceso el concepto de prohibición de este tipo de armas", se lee en el comunicado.

"Sin embargo, deja abierta la puerta a algunas excepciones, siempre que tengan en cuenta criterios de impacto humanitario y no técnico, como algunos países pretenden", prosigue. "Esto es lo que inspiró la declaración de Oslo y este propósito se debería mantener cuando se llegue al final del proceso, según ha declarado la delegación española", añade.

A juicio de las organizaciones, "esta postura española puede interpretarse en clave constructiva". "Ahora lo que esperamos y deseamos las ONG es que, en sintonía con esta postura, muy pronto el Gobierno español tome alguna medida de carácter unilateral (destrucción de 'stocks', moratoria...) que ayude a avanzar este proceso y que vaya en la línea de defender el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la legalidad internacional".

"No faltan ejemplos en este sentido a nuestro alrededor", advierten. "El Gobierno de Austria anunció, durante el transcurso de la Conferencia, que esta misma semana presentaría una iniciativa parlamentaria para prohibir la producción, uso, almacenamiento y comercialización de todas las bombas de racimo".

"Éste es el camino que debería seguir el Gobierno español", afirman. "Bélgica ya lo hizo en febrero de 2006, pero también Noruega, Hungría y Holanda, que han decretado una moratoria, son algunos ejemplos de países del entorno europeo que han decidido pasar de las palabras a los hechos".

Después de Viena, las negociaciones continuarán el mes de febrero en Nueva Zelanda. A continuación, habrá una reunión final en Irlanda en el mes de mayo y la ceremonia de firma tendrá lugar en Oslo a finales del próximo año.