MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de organizaciones y plataformas, entre las que se encuentran Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH-E) pidieron hoy a la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que reanúde el diálogo con las entidades sociales para la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) comprometido por el Ejecutivo.
En rueda de prensa con motivo de la presentación del llamado 'Manifiesto de Madrid para la erradicación de la tortura y los malos tratos', el responsable de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura, afirmó que las entidades sociales no han vuelto a tener noticias del MNPT desde diciembre de 2007, pues tras un periodo de contactos con el Ejecutivo, "el diálogo se suspendió".
Según dijo, tras la ratificación por parte de España del Protocolo de Naciones Unidas contra la tortura en 2006, el Gobierno contaba con un año para implantar esta herramienta, un plazo que se vió prorrogado doce meses más y que vence este mes de junio. Aunque el Ejecutivo aprobó en diciembre de 2008 el Plan Nacional de Derechos Humanos que incluye la creación de un MNPT, la iniciativa aún no se ha puesto en marcha.
De la Vega anunció el pasado 17 de junio en el Congreso que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estaría coordinado por el Defensor del Pueblo y contaría con un comité conformado, entre otros agentes, por las ONG. Sin embargo, Del Cura afirmó que estas entidades no saben nada del proyecto, porque han pedido en reiteradas ocasiones el borrador de la norma que deberá regularlo, la última vez el 1 de junio, pero han recibido "una negativa" por respuesta.
"Ante la negativa a facilitarnos esa información, volvemos a pedir que se retomen las reuniones y que el MNPT se haga de una forma transparente, estableciendo un calendario claro y concreto de negociación", señaló Del Cura, para incicir en que las entidades tienen "mucho que decir si se quiere que ese mecanismo de prevención funcione correctamente".
En paralelo, las organizaciones expresaron su preocupación porque a lo largo de este año, el Gobierno deberá designar a los nuevos representantes españoles ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, motivo por el cual han remitido un escrito al secretario de Estado de Asuntos Exteriores para incidir en que debe contar con las ONG para tomar una decisión.
En el escrito, los firmantes dicen "desconocer si el Gobierno ha comenzado" el proceso de designación "con las garantías requeridas" por el Consejo de Europa, quien exige a los Estados miembros que el proceso de designación sea "público, conocido, transparente, con establecimiento de plazos y requisitos".
