MOSCÚ 20 Nov. (Reuters/EP) -
Las ONG rusas que reciban financiación desde el exterior, que desde este martes deben inscribirse como "agentes extranjeros" según una nueva ley, han anunciado que llevarán la norma al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La ley fue aprobada en julio por el Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, y ratificada poco después por el presidente, Vladimir Putin, desatando una oleada de críticas por parte de las organizaciones de Derechos Humanos rusas y parte de la comunidad internacional.
Según la ley, las ONG tendrán que rendir cuentas de sus actividades a través de un informe bianual y presentar, cada año, una auditoría económica. Si no cumplen con los requisitos, los responsables de estas organizaciones podrán ser castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de 300.000 rublos (unos 7.400 euros).
Quienes critican la ley aseguran que supone una vuelta al vocabulario de la Guerra Fría ya que la URSS utilizaba el término "agente extranjero" para referirse a cualquier organización con financiación exterior.
Las ONG enmarcan esta iniciativa dentro de la persecución de la que se sienten víctimas tras las movilizaciones antigubernamentales de los últimos meses, extendidas a raíz del supuesto fraude en las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Asociaciones como Memorial y el Grupo Helsinki en Moscú son las principales organizaciones que pretenden denunciar la norma. El abogado de Memorial Furkat Tishaev ha explicado que aún no se han puesto de acuerdo sobre cuándo acudirán al organismo judicial.
El subidrector de Golos, Grigory Melkonyants, ha señalado que no son "agentes extranjeros" ya que no están inmiscuidos en actividades políticas. "No buscamos el poder, solo defendemos los derechos, salvaguardamos el derecho a elegir de la población", ha indicado. Golos denunció el fraude en las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado en las que triunfó el partido de Putin, Rusia Unida.
A las críticas se unió el Consejo de Derechos Humanos del Kremlin, ya que afirmó que la ley "contradice la Constitución de la Federación Rusa". La Carta Magna, añadió, llama a respetar la "diversidad política" y da a cada ciudadano "el derecho a participar en la gestión de cuestiones estatales".