SAN SEBASTIAN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG SOS Racismo recordó hoy, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, que las mujeres extranjeras están "dramáticamente sobreexpuestas respecto a las autóctonas" a sufrir malos tratos o morir asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, por lo que instó a las instituciones a "tomar medidas" al respecto.
En un comunicado, SOS Racismo Gipuzkoa consideró que la violencia machista basada en el género es "transcultural, está presente en todos los lugares del mundo y no conoce fronteras, atravesando religiones, leyes y culturas".
Sin embargo, opinó que "la situación administrativa propia y la de la pareja o expareja, la estructura familiar y las implicaciones de los procesos de reagrupación, la falta de redes familiares y sociales de apoyo con las cuales contar para disponer de auxilio, las barreras lingüísticas, la dependencia económica, la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección", así como "el miedo a no ser creída o a que la denuncia de violencia machista pueda afectar al proceso de regularización", inciden en que las mujeres extranjeras se encuentren "especialmente expuestas ante los abusos y a que éstos puedan quedar impunes".
En concreto, trasladó su preocupación ante la "vulnerabilidad de las mujeres extranjeras en situación irregular", que son "víctima de violencia machista, ya que éstas están sometidas a una doble violencia, la ejercida por el maltratador y la discriminación a la que se ve abocada en la legislación, que prima su condición de inmigrante sobre la de víctima".
Al respecto, recordó que tanto la Ley Orgánica 1/2004 como la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, "quiebran cuando se trata de reconocer los mismos derechos a las personas extranjeras". Además, criticó la "discriminación en el acceso a determinadas prestaciones sociales, cuando la mujer inmigrante está en situación irregular".
Frente a ello, SOS Racismo instó a las administraciones competentes a "tomar medidas en el asunto, a coordinar los recursos existentes para enfrentar los elementos que hacen a estas mujeres especialmente vulnerables", empezando por "la supresión de los riesgos de expulsión al iniciar un proceso de denuncia", así como por "garantizar el acceso sin restricciones ligadas a la situación jurídico administrativa a los recursos psicosociales necesarios para acompañar los procesos de empoderamiento y sostenibilidad del recorrido".
