Uganda.- Amnistía denuncia que el sistema judicial ugandés ignora a las víctimas de violencia sexual

LONDRES 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el sistema de justicia penal del norte de Uganda "ignora, niega y consiente tácitamente" la violencia contra las mujeres y las niñas y "protege a los presuntos agresores".

"La completa falta de justicia a la que se enfrentan las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual exige la atención inmediata del Gobierno ugandés y de la comunidad internacional", declaró el investigador de Amnistía Internacional en Kampala, Godfrey Odongo.

"La inmensa mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no se denuncian a la Policía porque casi todas las víctimas han perdido la esperanza de obtener justicia en alguna medida", añadió.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó cinco distritos del norte de Uganda --Gulu, Amuru, Kitgum, Pader y Lira-- y habló con decenas de mujeres y niñas y con sus familiares acerca de la discriminación que habían sufrido al intentar acceder a la justicia, y sobre la tradición de impunidad que rodea los casos de agresión, violación, violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres.

"La violencia contra las mujeres es endémica en todo Uganda", aseguró Odongo. "Pero en el norte de Uganda se ha visto especialmente exacerbada por los efectos de un conflicto brutal entre las fuerzas del Gobierno y del Ejército de Resistencia del Señor, que ha durado 21 años, y la situación sigue siendo grave a pesar del reciente cese de las hostilidades", agregó.

Las formas de violencia contra las mujeres documentadas por el equipo de investigación de Amnistía Internacional incluyen agresiones, violaciones y abusos sexuales a menores, sobre todo en los campos para personas internamente desplazadas, en los que sigue viviendo la mayoría de la población del norte de Uganda.

"Las violentas atrocidades perpetradas a lo largo de tantos años de conflicto en el norte de Uganda siguen contribuyendo en la actualidad a la discriminación de las mujeres y las niñas en la zona", manifestó Odongo. "Para empeorar las cosas, el sistema de justicia operativo en el norte de Uganda es manifiestamente insuficiente para garantizar la protección de estas mujeres y niñas, y con bastante frecuencia permite que los culpables queden sin castigo", denunció.

Las víctimas contaron a Amnistía Internacional que, entre la diversidad de autores de violaciones de Derechos Humanos figuran fuerzas gubernamentales, agentes encargados de hacer cumplir la ley, autoridades y jefes de consejos locales, así como cónyuges y familiares.

Según AI, la Policía es reacia a investigar los casos relacionados con soldados del Ejército, mientras que la legislación ugandesa no reconoce la violación conyugal como delito, sobre todo debido a la presunción de que el consentimiento al acto sexual va implícito en el acto de contraer matrimonio.

La insuficiencia de los servicios de Policía complica el problema, advirtió la organización. Con frecuencia faltan agentes de Policía a quienes denunciar los casos, ya que en el norte de Uganda hay pocas comisarías y están muy distantes entre sí.

Aparte, los policías exigen dinero tanto para investigar los casos como para detener y trasladar a sospechosos. También es frecuente que se pida a las víctimas que corran con los gastos de alimentación de los agentes de Policía durante la investigación o del sospechoso durante su custodia, entre otros abusos.

EL CONFLICTO

El conflicto en el norte de Uganda se caracterizó por la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas tanto por parte del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) como de las fuerzas gubernamentales.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que más de 32.000 menores fueron secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor entre 1986 y 2002 y utilizados como combatientes y esclavos sexuales. Las fuerzas gubernamentales ugandesas también cometieron violaciones en masa.

La naturaleza y el alcance de los delitos han dado lugar a que el Tribunal Penal Internacional (TPI) Haya dictado actas de acusación formal y órdenes de detención contra altos jefes del LRA por crímenes de lesa humanidad, incluidos los de esclavitud sexual, violación, mutilación y secuestro de niñas.