MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados un bloque de enmiendas parciales a la reforma de la ley del aborto en las que solicita, entre otras cosas, que las mujeres embarazadas reciban información personalizada de un médico especialista sobre las alternativas al aborto, así como que el Ministerio de Sanidad y Política Social desarrolle una normativa en la que establezca unos criterios comunes para los centros que practiquen abortos.
En sus enmiendas al texto del Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' señalan que la reforma del Ejecutivo es inconstitucional, por lo que piden la supresión de la ley de plazos, de modo que la práctica del aborto sólo esté despenalizado en unos supuestos concretos.
El PP reclama que un médico especialista de un centro público emita el correspondiente dictamen preceptivo a la mujer que desea abortar y que se le informe verbalmente, y no sólo en un sobre cerrado, de las ayudas públicas y privadas que facilitarían la continuación del embarazo, así como de las consecuencias médicas y psicológicas de la interrupción del mismo.
En el supuesto de que el aborto se practique por presumirse que el feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas, señalan que el dictamen deberá ser emitido por dos médicos especialistas de un centro público acreditado a tal efecto. Otra de las propuestas es que la mujer que desea abortar pase "como mínimo" un periodo de seis días de reflexión, en vez de los tres establecidos en el proyecto del Ejecutivo.
REGULAR LOS CENTROS
Por otro lado, los 'populares' consideran necesario que el departamento dirigido por Trinidad Jiménez establezca unos criterios comunes para todos los centros en los que se practiquen abortos, que deben contar con "unidades de apoyo psicológico" y equipos que informen a las mujeres de las alternativas a la interrupción del embarazo.
En esta línea, exigen que la acreditación de estos hospitales esté supedita a que lo acepten todos los profesiones de ese centro que puedan intervenir en este tipo de intervenciones. Además, ningún profesional deberá ser obligado a realizar estas intervenciones ni podrá ser discriminado por este hecho, mateniéndose la confidencialidad de la identidad de quienes opten por la objeción de conciencia.
Los conciertos o contratos de gestión que establezcan los servicios públicos de salud con centros sanitarios de cualquier tipo, añaden, no pueden imponer "tácita o explícitamente" la obligación de realizar abortos.
CIU: INFORMAR A LOS PADRES
Mientras el PP pide las embarazadas menores de edad pero mayores de 16 años necesiten del permiso paterno, CiU plantea que "exista constancia de que al menos uno de los padres o tutores han sido informados al respecto". Los nacionalistas catalanes solicitan al Ejecutivo que regule la objeción de conciencia y que apruebe ayudas económicas y de asistencia social para proteger a las mujeres embarazadas con riesgo de exclusión social.
También piden que la información que se pretende entregar por escrito sea sustituida por la entrevista personal en la que se le informe de las alternativas existentes, "con especial referencia a la regulación legal vigente en materia de adopción y acogimiento familiar".
Mientras, el BNG solicita al Gobierno que firme convenios con las comunidades autónomas para que en el próximo curso escolar 2010-2011 se introduzca en secundaria la asignatura Educación Sexual y Reproductiva.
Con respecto al asunto de las menores, propone que exista "una información previa a sus padres o representantes legales, excepto en casos graves de desectructuración familiar. Los nacionalistas gallegos piden que se amplíe de 14 a 16 semanas el periodo de aborto libre y que se puede interrumpir el embrazo hasta la semana 22 si se han detectado problemas de salud en la mujer o en el feto aunque no se haya determinado si va a ser un riesgo grave o no.
A su vez, Na-Bai pide al Gobierno que, respetando las competencias autonómicas, garantice que "el marco de aplicación de la presente ley será todo el territorio del Estado".
