Publicado 13/05/2015 19:16

Alonso: No podrán ser voluntarios los condenados por terrorismo

El PP tumbará este jueves las enmiendas de totalidad de CiU, Izquierda Plural, ERC y PNV

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha defendido que el proyecto de Ley del Voluntariado establecerá "por cautela" que para determinados programas de voluntariado no podrán participar personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores.

Así lo ha destacado Alonso durante el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ERC y PNV y en las que piden la retirada y devolución al Gobierno del texto presentado, fundamentalmente por cuestiones competenciales. Aunque el debate haya tenido lugar este miércoles, la votación de las mismas no se producirá hasta este jueves, donde serán rechazadas por el PP.

Este proyecto de ley establece en otros casos, que tampoco puedan tener la condición de personas voluntarias aquellas personas que hayan cometido delitos especialmente graves.

En el resto de supuestos, las entidades de voluntariado deberán valorar si la existencia de antecedentes penales no cancelados impide la incorporación a la entidad o justifica la suspensión de la actividad de la persona voluntaria.

Alonso ha destacado sobre la "acusación infundada de invasión competencial del Gobierno" que esta norma surge del diálogo con las comunidades autónomas y con las entidades del tercer sector.

Además, ha subrayado que se recoge el voluntariado de menores "como vía de la solidaridad y compromiso con el entorno", un compromiso "cívico" que, a su juicio, se puede aprender desde temprana edad. "Se conocen experiencias desde edades aún más tempranas y son enriquecedoras para todos los que participan y educan en solidaridad", ha defendido.

Otra de las novedades que ha resaltado sobre esta ley es que se amplía la promoción de medidas de reducción de jornada o la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para la acción del voluntariado, siempre que haya acuerdo con la negociación colectiva.

"Se crea un marco moderno sobre el voluntariado que no desea invadir competencias", ha remarcado, recordando que España es el sexto país de la UE con mayor número de voluntarios, con un total de seis millones.

Desde el PP, el diputado Juan Carlos Grau ha avanzado el voto en contra de su grupo parlamentario a las cuatro enmiendas de totalidad planteadas porque, según ha defendido, esta nueva norma trata de dar respuesta a los seis millones de voluntarios, y es acorde a la realidad social actual. "No supone injerencia en las competencias autonómicas", ha asegurado.

INVASIÓN COMPETENCIAL

Mientras, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, ha avisado de la voluntad de este proyecto de ley por consolidar un modelo de voluntariado común para todo el Estado, desestructurando las normativas existentes en las comunidades autónomas, cuando Cataluña tiene competencias en la materia.

Tampoco comparte la regulación del voluntariado en edades inferiores a los 16 años que contempla la ley y discrepa del establecimiento de una póliza de responsabilidad civil que solamente se requerirá en caso de que una norma obligue específicamente a ello.

Desde la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya ha criticado el afán "recentralizador" que en su opinión tiene esta ley y por la que ha presentado una enmienda de totalidad. A su vez, no ve con buenos ojos que se creen órganos en esta ley como el Observatorio estatal del voluntariado, sin que ello suponga un incremento presupuestario, y la posible usurpación de puestos de trabajo por el fomento de las colaboraciones.

Isabel Sánchez Robles, del PNV, ha lamentado que intervención tras intervención tenga que denunciar la invasión competencial del Gobierno, en este caso, sobre la actividad y régimen jurídico del voluntariado. Por ello, ha pedido a través de una enmienda de devolución la retirada de este proyecto de ley. "Es intencionadamente confuso en su ámbito competencial. Pero lo que está claro es que posibilita una actuación estatal duplicada.

En defensa de su enmienda de totalidad, desde ERC, Joan Tardà, ha defendido que Cataluña cuenta con un modelo propio de voluntariado adecuado a la realidad de las necesidades catalanas, frente al objetivo de este proyecto de ley de consolidar un modelo de voluntariado para todo el Estado y otorgándose competencias básicas que antes no tenían.

Aunque se dan pasos adelante en la materia, la diputada del BNG, Rosana Pérez, ha subrayado que el sector critica al Gobierno por la posibilidad que abre esta norma a que se puedan sustituir trabajadores por voluntarios, es decir, "obra de mano gratis". Sobre la prohibición de que personas con antecedentes no puedan ser voluntarios ha pedido que se reconsidere esta premisa y sea el Estado el que lo revise y no las entidades. Por último, ha criticado la invasión competencial.

Federico Buyolo, del PSOE, ha criticado que con este proyecto de ley no se puede proponer la sustitución de puestos de trabajo por voluntariado. Rechaza que consensúe un borrador con las entidades del sector y después en el Consejo de Ministro apruebe un texto distinto. "Adolece de sesgos ideológicos que nada tienen que ver con las necesidades del sector", ha subrayado.

Mientras, Julio Lleonart, de UPyD, cree que el proyecto de Ley de Voluntariado que presenta el Gobierno mejora la actual normativa pero lo ve "mejorable".

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