MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha acusado este miércoles a los Gobiernos e instituciones de la Unión Europea de priorizar el reforzamiento de las fronteras en detrimento de las vidas de los inmigrantes y solicitantes de asilo y ha denunciado que algunos acuerdos bilaterales sobre control migratorio, como el suscrito entre Italia y Libia, dan lugar a "graves violaciones de Derechos Humanos".
La organización ha puesto en marcha la campaña 'Cuando no existes', en la que se reclama a los Gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea "que dejen de poner en peligro a las personas en las fronteras de Europa" y se pide a los miembros del Parlamento Europeo que "cumplan con su función de 'organismo de control' y exijan a Gobiernos e instituciones que rindan cuentas de cómo tratan a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en las fronteras europeas".
"Para la Unión Europea, reforzar las fronteras de Europa es prioritario a salvar vidas", lamentó el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Nicolas Beger. "En sus intentos de frenar la 'inmigración ilegal', los países europeos han reforzado sus medidas de control de fronteras más allá de éstas, sin tener en cuenta el coste humano", prosiguió. "Lejos de la mirada del público, estas medidas ponen a las personas en peligro de sufrir graves abusos", advirtió.
Según el informe, "todos los años, miles de personas intentan llegar a Europa desde África occidental y septentrional emprendiendo peligrosas travesías por mar en barcos no aptos para la navegación que no disponen de tripulación adecuada ni equipos de seguridad".
"Algunas huyen de conflictos; otras intentan escapar de la más absoluta miseria", prosiguió AI. "Muchas nunca llegan a Europa: mueren en alta mar por deshidratación, se ahogan, o son interceptadas por barcos patrulleros y devueltas al país del que salieron", agregó.
Solo en 2011, según Amnistía, al menos 1.500 personas --hombres, mujeres y niños-- murieron ahogadas en el mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa. "Algunas de esas muertes eran evitables", lamentó AI, que advirtió de que "la demora en los rescates cuesta vidas".
"Aunque algunos de los hombres, mujeres y menores que inician esta peligrosa travesía hacia Europa salen de su país de origen, en muchos otros casos no es así, sino que abandonan un país de tránsito que atravesaban para llegar al continente europeo", se lee en el documento. En estas circunstancias, si se les obliga a regresar al país de tránsito, "lo que suele ocurrir es que los considerarán migrantes 'ilegales' y correrán peligro de sufrir detención arbitraria y prolongada, malos tratos y otras violaciones de Derechos Humanos", advirtió AI.
"EXTERNALIZACIÓN" DEL CONTROL FRONTERIZO
"En los últimos años se ha obligado a algunos supervivientes a regresar a países donde corrían peligro de sufrir abusos y malos tratos", prosiguió. Es el caso de Italia, que en varias ocasiones "ha obligado a personas a regresar a Libia, donde fueron detenidas y sufrieron malos tratos".
Italia ha firmado varios acuerdos con Libia, entre 2006 y 2010 (incluido un Tratado de Amistad, Asociación y Cooperación de 2008, confirmado en abril de este año), sobre control migratorio que permiten la devolución al país norteafricano de cualquier persona que emprenda la travesía marítima hacia Europa.
Aparte, Italia ha firmado acuerdos de cooperación en el ámbito de la "migración y seguridad" con Egipto, Gambia, Ghana, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal y Túnez, de la misma forma que España tiene acuerdos de cooperación sobre migración con Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malí y Mauritania.
Estos acuerdos se inscriben en el proceso de lo que ha llamado la "externalización" del control migratorio y fronterizo por parte de los países europeos a través de acuerdos bilaterales entre países individuales de Europa y África.
Según Amnistía, el Derecho Internacional obliga a los Estados a respetar y proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, "lo que incluye a las personas que se encuentran en aguas territoriales del Estado", razón por la cual "los Estados deben examinar todos los acuerdos, a fin de garantizar que no se basan en violaciones de Derechos Humanos".
Por ello, la externalización de las medidas de control fronterizo "plantea graves interrogantes sobre la legitimidad de la participación europea, ya sea entre Estados o mediante la FRONTEX, en operaciones de interceptación de barcos en aguas territoriales de otro Estado, cuando las personas interceptadas corren un peligro real de sufrir abusos contra los Derechos Humanos", advirtió Amnistía.
Aparte, según el informe, "el deseo de algunos países europeos de prevenir la 'migración irregular' está obstaculizando que las operaciones de salvamento marítimo se lleven a cabo de forma segura y en el debido momento".
"Hombres, mujeres y menores desesperados han pasado días abandonados en el mar mientras las autoridades discuten sobre a dónde deben ir", recordó AI. "Según informes, los salvamentos que se han llevado a cabo con retraso se han cobrado la vida de muchas personas, pero no se ha documentado el verdadero alcance del problema", agregó.
"Las personas que sobreviven a la terrible experiencia pueden ser devueltas a un país en donde corren peligro de sufrir nuevos abusos contra los Derechos Humanos y donde se hace caso omiso de su necesidad legítima de protección internacional", añadió.
A juicio de Amnistía, "los Estados deben rendir cuentas por los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en el contexto de la externalización". "La falta de transparencia en torno a las prácticas de gestión fronteriza por parte de muchos países europeos y a sus acuerdos con terceros países supone que las violaciones de Derechos Humanos pasan desapercibidas", lamentó.
