Los ancianos dependientes catalanes podrán cobrar hasta 1.300 euros mensuales por ingresar en una residencia

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ancianos residentes en Catalunya con el mayor grado de dependencia y unos ingresos inferiores a los 17.700 euros anuales podrán cobrar hasta 1.308 euros mensuales para costear una plaza de residencia, gracias al complemento adicional de 528 euros aprobado por la Generalitat para este colectivo, que se sumará a los 780 euros mínimos garantizados por la Ley de Dependencia estatal.

La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, y el director del Programa para el impulso y la ordenación de la promoción de la autonomía personal y la dependencia (Prodep), Jordi Tudela, explicaron hoy que el objetivo de este complemento, recientemente aprobado en una orden, pasa por facilitar el acceso residencial a un colectivo de ancianos que "no puede ir porque no puede pagar" la plaza de residencia.

Se trata especialmente de mujeres de más de 50 años, amas de casa, que viven en su domicilio y cuentan con pensiones bajas --la media oscila entre los 600 y 900 euros--, por lo que no pueden costear un plaza de residencia, cuyo precio medio puede estar entre los 1.200 y los 2.000 euros mensuales. Este complemento podría ser efectivo para acudir a una residencia pública, concertada o privada con una o más plazas sufragadas con dinero público.

Hasta el momento, la Generalitat ha recibido hasta 52.068 solicitudes de usuarios que piden ser reconocidos como grandes dependientes y se han valorado 37.789 --el 76%--, de las cuales 25.218 --69%-- han acreditado el resultado de grado III o alta dependencia necesario para acogerse a las ayudas a las que otorga derecho la normativa durante este año, desde que entró en vigor, a principios de enero.

"Por el momento, no podemos calcular cuántas de estas solicitudes recibirán una ayuda en forma de prestación económica, para seguir viviendo en su domicilio, o de servicio social, que es lo que prioriza la Generalitat, porque todavía se está desplegando el proceso", indicó la directora del Instituto Catalán de Servicios Sociales (ICASS), Carolina Homar.

De los citados datos, aclaró, sólo se desprende que un 80% de los solicitantes son ancianos; y el otro 20% son discapacitados; y que también un 80% del total reside en su casa. Además, la misma proporción de personas podría acogerse al complemento adicional aprobado esta semana por la Generalitat y los consejos comarcales y que se dirige a personas con rentas de menos de 17.700 euros al año, lo que significa 1.260 euros al mes y entre el 0,2% y el 2,5% del índice de suficiencia de Catalunya.

Sin embargo, los responsables de la Conselleria sospechan que la mayor parte de los solicitantes desearán quedarse en su casa y prefieren optar por otro tipo de prestación económica o contar con un cuidador personal.

La mayor parte de los solicitantes podrán recibir el 100% de la prestación o ayuda económica. En concreto, los que tengan salarios de entre el 0,5% y el 2,5% del índice de suficiencia podrán cobrar hasta 780 euros mensuales; los que se encuentren entre el 2,5% y el 4,5% del índice de suficiencia, hasta 745 euros; los que se encuentren entre el 4,5% y el 5,5% del mismo índice, 702 euros, y los que cobren más de 39.000 euros mensuales recibirán hasta 624 euros, según los acuerdos alcanzados por Administración autonómica y comarcales y locales, juntamente con las cuales se desarrolla la ley en Catalunya.

De esta forma, los dependientes de clases más altas sólo verán reducida su prestación un 20% porque el objetivo del Govern es que las ayudas sean universales, insistió la consellera Capdevila. Se trata de un "esfuerzo" en Catalunya para mejorar las prestaciones y tratar de que "no queden excluidas las personas de clase media", insistió. "En Catalunya, nos situamos en primer lugar" en cuanto a prestaciones económicas de la ley se refiere, dijo Capdevila.

ADMITE "LEVES" RETRASOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY.

Por otra parte, admitió "ligeros" retrasos, que atribuyó a la complejidad de gestión, en la llegada de las primeras ayudas contempladas por la normativa estatal, que establece que éstas deberán recibirse seis meses después de haber sido registrada la solicitud, cuyo plazo empezó el 21 de mayo de este año y precisamente este mes se cumplen ya seis meses de la presentación de las primeras solicitudes.

Así, del 21 al 31 de mayo se registraron 5.441 solicitudes, las cuales llegarán con toda seguridad con retraso, así como también las presentadas en junio, que son 14.423 y juntamente con las de mayo suman 19.864. La consellera y la directora del ICASS aseguraron que las primeras ayudas empezarán a cobrarse antes de Navidad. No obstante, no pudieron asegurar que las más de 5.000 de mayo se empezarán a cobrar en diciembre.

El despliegue es "muy complejo" porque en Catalunya se ha pactado llevarlo a cabo conjuntamente con las administraciones locales, explicó la consellera, que señaló que en otras comunidades se han pactado sistemas más simplificados, pero aquí se ha considero que el ayuntamiento es "lo más cercano al ciudadano".