El CGPJ reclama pulseras electrónicas para agresores con medidas cautelares en los que se aprecie "grave riesgo".
MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una de cada cuatro fallecidas este año a manos de sus parejas o ex parejas tenían orden de alejamiento en vigor contra su agresor, que bien rompieron éstos o bien consintieron en vulnerar las propias víctimas, según explicaron a Europa Press fuentes de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. Una joven rumana de 20 años falleció en Gandía (Valencia) en la madrugada de este lunes después de que su ex pareja sentimental, de la misma nacionalidad y con orden de alejamiento, le asestara varias puñaladas.
Con ella, se elevan a 51 las fallecidas por violencia de género en lo que va de año, de las que 13 habían denunciado a su agresor y obtenido medidas de protección, aunque ello no impidió que finalmente perdieran la vida. Hasta el 20 de agosto han fallecido tantas mujeres como en los ocho primeros meses de 2006.
La presidenta del Observatorio Estatal de la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, confirmó hoy el incremento del número de mujeres fallecidas este año que contaban con una orden de alejamiento contra su agresor. En declaraciones a Europa Press, señaló que esto se debe a que las mujeres denuncian más.
"Las campañas de sensibilización están siendo eficaces y, en consecuencia, el Estado debe adoptar todos los medios necesarios para proteger a las víctimas", explicó.
Por ello, reclamó que se habiliten los recursos adecuados para permitir que los jueces puedan dictar la imposición de pulseras electrónicas para agresores imputados por violencia de género con medidas cautelares impuestas, en los casos en los que se aprecie un grave riesgo para la vida de la víctima.
MÁS EFICAZ QUE LA TELEASISTENCIA MÓVIL.
En su opinión, este dispositivo es más eficaz que la teleasistencia móvil (de la que disponen las víctimas) porque está conectado directamente a las Comisarías de la Policía Nacional y detecta el quebrantamiento de la orden incluso si la mujer ha dado el consentimiento.
Comas aseguró que la actuación judicial en el caso de la fallecida en Gandía fue la "correcta", ya que la joven denunció a su ex marido el pasado 7 de julio por malos tratos y amenazas de muerte, y tres días después, tras las audiencias por separado con víctima e imputado, se dictó orden de protección con vigencia de tres meses, prohibiendo al agresor acercarse a cualquier lugar en el que estuviera la víctima.
"El hecho de que no se haya podido proteger a esta mujer pone encima de la mesa la reflexión acerca de cómo hay que avanzar para una mayor efectividad en el control policial de las medidas cautelares. Hay que pensar seriamente en la puesta en marcha de las pulseras electrónicas", recalcó. Esta medida, prevista en el Código Penal para los condenados, fue extendida en la Ley Integral contra la Violencia de Género para imputados y, sin embargo, no ha sido habilitada hasta el momento.
En la actualidad esta decisión, según comentó, no se ha aplicado porque no está a disposición de los jueces el poder decretarla, ya que no se ha habilitado el sistema necesario ni destinado los recursos adecuados para su desarrollo. Existen exclusivamente pequeños programas piloto en la Comunidad de Madrid, con 20 dispositivos, y en Cataluña para condenados por delitos sexuales y violentos tras cumplir tres cuartas partes de su condena.
CINCO FALLECIDAS RUMANAS.
Por otro lado, el cómputo global de fallecidas eleva a 19 el número de víctimas extranjeras, un 37 por ciento del total. De ellas, cinco eran rumanas, nacionalidad que encabeza la lista de extranjeras fallecidas por violencia de género en España. Le siguen las ecuatorianas, de las que se ha registrado cuatro muertes; así como dos marroquíes y una de Brasil, Ucrania, Guatemala, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Hungría y Noruega.
La vocal del CGPJ manifestó su preocupación por el incremento de víctimas extranjeras y, en el caso de las rumanas, señaló que en todos los casos se ha producido el crimen cuando la mujer se había separado de su agresor. Además, sugirió que sería positivo poner en marcha campañas específicas de información y sensibilización hacia la población extranjera para que "su integración se realice de forma que se asuman los valores de igualdad que para los españoles son irrenunciables".
En cuanto a la edad, dos mujeres entre 18 y 20 años han perdido la vida este año, las mismas en este tramo de edad que en todo el año anterior. Comas manifestó también su especial inquietud por el fallecimiento de mujeres tan jóvenes porque evidencia que en las nuevas generaciones perviven los patrones machistas y violentos.
