BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila, defendió hoy la validez de las pruebas radiológicas de mandíbula realizadas el pasado mes de diciembre a los 13 jóvenes subsaharianos no acompañados que fueron expulsados del centro de menores El Bosc, ya que los resultados determinaron que eran mayores de edad.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, hizo pública una resolución en la que pide a la Conselleria que readmita a los adolescentes al considerar que se produjeron "irregularidades" en todo el proceso y que las pruebas mencionadas proporcionan "únicamente un grado de aproximación" y no pueden tener más valor que la documentación aportada por los afectados, que aseguran que son menores.
La consellera, en declaraciones a los medios tras presentar un proyecto en Barcelona, defendió que se trata de pruebas "validadas con una alta fiabilidad" y aseguró que continuarán utilizándolas en el caso de que los afectados no aporten documentación. Aseguró también que dicha documentación fue aportada 'a posteriori' de las pruebas y no antes de las mismas.
Capdevila declaró que los exámenes de mandíbula determinaron que los jóvenes superaban la mayoría de edad "con creces". Añadió que los menores sí que fueron atendidos por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).
VECINOS DEFIENDEN QUE SON MENORES
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el Casal dels Infants y el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (CEESC) celebraron la resolución del Síndic y esperaron que ésta "haga cambiar las malas prácticas" de la DGAIA.
Las tres instituciones aseguraron en un comunicado, como ya hicieron en diciembre, que los adolescentes tienen pasaportes que acreditan que son menores de edad y señalaron que las pruebas de mandíbula tienen un margen de error de hasta dos años por encima y por debajo, así como que se fueron expulsados "vulnerando el derecho de protección y tutela".
Instaron a la DGAIA a comprometerse a "no dejar jóvenes sin protección" basándose en este tipo de pruebas, incluir a los 13 subsaharianos al Área de Apoyo al Joven ex tutelado de la Generalitat --que atiende a jóvenes a partir de 18 años-- y el cierre de los centros de menores Alcor y El Bosc durante este año, ya que no ofrecen una protección ni un proyecto de integración suficiente, están masificados y vulneran los derechos de los menores, según las tres instituciones.
Exigieron también un protocolo de actuación "responsable" ante estas situaciones que invalide las pruebas radiológicas como única fuente, ofrecer un proyecto de integración y autonomía a los jóvenes desamparados y la aprobación urgente de la Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia.
