Presenta en el Parlamento el Informe Anual de 2010, que recoge "los peores efectos de la crisis"
SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cree que es "necesario" reforzar las políticas para erradicar la exclusión social tras el aumento de situaciones de marginación por la crisis y como consecuencia trabajar en el aumento de otras para el fomento de la inclusión social.
En este sentido, Chamizo, durante su intervención este martes en el Parlamento para presentar el Informe Anual de la Oficina, ha solicitado que "hay que prevenir situaciones graves en el actual momento de crisis, donde hay que tomar como referente el denominado Programa de solidaridad para erradicar la marginación social". Además, ha señalado que son "necesarias" las coberturas públicas en este asunto.
Asimismo, ha manifestado que el informe recoge "los peores efectos de la crisis", como se demuestra en los problemas de familias sin ingresos. En esta línea, ha alertado de que cada vez "son más los sectores que demandan la intervención pública", por lo que ha solicitado "una revisión de la normativa al respecto como la Ley de Inclusión Social o una nueva Ley de Servicios Sociales", ya que "son medidas necesarias para nivelar las desigualdades existentes".
Según Chamizo, hay sectores y colectivos que en situación de normalidad se han visto en situaciones de exclusión, como consecuencia, entre otros aspectos, del "debilitamiento" del sistema de protección.
La situación de exclusión social ha sido uno de los asuntos abordados por el Defensor durante la presentación del Informe Anual de la institución. Un documento que, según ha enumerado, refleja un aumento del número de quejas presentadas con un total de 6.620, lo que supone 375 quejas más que el año anterior. Del mismo modo, ha indicado que las materias tratadas en estas quejas se concentran en aspectos de educación (678 quejas), aspectos medioambientales (524) y temas de salud (476 quejas), aunque ha habido muchas quejas en relación al personal del sector público, del que ha recibido 1.186 quejas.
Asimismo, del total de las quejas admitidas, 477 han sido remitidas a otras instancias; 2.059 no han sido admitidas; y 4.048 si se han admitido. Además, se ha continuado con actuaciones adoptadas por propia iniciativa de la Oficina a través de las quejas de oficio. Así, este año se han iniciado 289 expedientes de esta naturaleza dirigidos a materias de Educación, problemas de menores, o accidentes laborales.
Chamizo, que ha resaltado el papel de las nuevas tecnologías en la tramitación de quejas, ha apuntado que además de este informe, se ha presentado el Informe del Menor y dos especiales sobre viviendas sin ascensor y sobre centros de educación especial.
PLANES DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo ha señalado entre las quejas abordadas por la Oficina en 2010 destacan las relacionadas con la Administración Local, sobre todo, en referencia a los pagos a proveedores. En este sentido, lamenta "el pago preferente de nóminas a empleados municipales y para servicios de aguas, luz o gas, o empresas vinculadas al municipios o vecinas del mismo, lo que supone situaciones de ilegalidad e injusticia". Chamizo ha abogado por el desarrollo de Planes de Disposición de Fondos para administraciones locales para que se "respeten el orden de pagos".
En el ámbito judicial, Chamizo ha afirmado que "la crisis sigue haciendo mella", sobre todo, con el crecimiento "alarmante" de concursos de empresas. "La crisis provoca problema y justifica las soluciones", lamenta.
En referencia al fomento del alquiler, ha lamentado que la supresión de las ayudas a los propietarios y la tardanza de respuestas económicas a los arrendatarios. Ante está situación "límite" espera respuestas alternativas y programas que satisfagan las expectativas. Por otro lado, ha recordado el informe especial sobre los ascensores en las viviendas en Andalucía, apuntando que "la mitad de los edificios con más de dos plantas no tienen ascensor, por lo que hay ciertas carencias".
SALUD MENTAL
Por otro lado, ha afirmado que los problemas en el ámbito de salud mental de niños y jóvenes "se prologan en el tiempo", sobre todo, por "el déficit del sistema sanitario andaluz y porque es un reto al que no se han destinado los medios necesarios".
En este sentido, ha destacado "la ausencia de una especialidad de psiquiatría infantil, una deficiente coordinación entre administración sanitaria, educativa, judicial y familias, la falta de apoyo a las mismas y la insuficiente respuesta de la Administración sanitaria para abordar estos problemas graves". También ha indicado el tema de las prótesis capilares para las personas que padecen cáncer y que no están dentro de las prestaciones del Sistema Andaluz de Salud, y en este sentido, ha expresado que "hay una resolución del Parlamento Europeo a tener en cuenta". Además, ha sugerido que la Consejería de Salud lleve este asunto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los trámites de información pública sobre instalaciones eléctricas y la contaminación lumínica derivada de los aerogeneradores, son algunos de los aspectos abordador por la Oficina del Defensor durante el pasado año, según ha destacado Chamizo.
El Defensor, que ha desarrollado más de 18.000 actuaciones, ha manifestado que "la merma en la igualdad educativa actual es un peligro para el futuro". Uno de los efectos de la crisis en el ámbito educativo es "la incidencia directa o indirecta de la crisis en el ámbito educativo", con el retorno a las aulas de jóvenes que abandonaron el sistema tempranamente, "incrementándose la asistencia de pasivos al entorno escolar".
El parlamentario del Grupo de IULV-CA Ignacio García Rodríguez ha lamentado que "uno de los desafíos de las políticas públicas como era sacar colectivos de la marginación se planteé ahora para evitar que entren". En cuanto al cobro de ayudas al alquiler o de la Ley de Dependencia, ha asegurado que "se aprueban subvenciones y luego no se pagan, generando grandes problemas en familias". Asimismo, ha apuntado la creación de "una tarifa especial para ayuntamientos, pero también para la Junta, en servicios como luz o agua".
"NO ES UNA INSTITUCIÓN PARTIDISTA NI PARTIDARIA"
Por su parte, la parlamentaria del Grupo Popular Rosalía Espinosa, que ha valorado el trabajo de la Oficina del Defensor, ha lamentado de forma paralela que "los parlamentarios no puedan acceder a todas las recomendaciones y sugerencias de la institución", por lo que cree que es "difícil" trabajar así. Chamizo, en respuesta a la intervención de la parlamentaria popular, ha afirmado las resoluciones y recomendaciones "más relevantes" están en el Informe Anual y ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "no es una institución partidista ni partidaria".
La diputada Espinosa considera que la Junta "no aporta soluciones a las ejecuciones hipotecarias, que siguen aumentando en Andalucía". Además, ha resaltado que "la falta de pediatras" en el ámbito sanitario.
Por último, el parlamentario del Grupo Socialista en el Cámara Ángel Javier Gallego Morales ha afirmado que el Informe Anual refleja que "el Defensor del Pueblo Andaluz va más allá del cumplimiento del deber", valorando en este sentido que con las quejas de oficio descubra "nuevo itinerarios para vehicular las quejas de los ciudadanos".
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