MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha registrado en el Congreso de los Diputados una moción en la que solicita al Gobierno que presente en un plazo de tres meses un informe en el que se valore la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios del Fondo de Garantía de Alimentos.
La moción se presenta después de que el ministro de Economía, Pedro Solbes, asegurara el pasado 18 de febrero en el Congreso que su departamento está abierto a estudiar el posible aumento del colectivo de beneficiarios, a raíz de las críticas de la diputada de CiU Mercè Pigem, quien el reprochó -en una interpelación urgente- que las condiciones para acceder a este anticipo son muy restrictivas.
El fondo, aprobado en 2007, anticipa la pensión alimenticia a los hijos que no reciben el dinero del progenitor separado o divorciado para dicho fin. Para CiU, las condiciones dejan fuera a muchas familias, por lo que pide que se revisen, "más aún teniendo en cuenta la situación de crisis económica".
BENEFICIA A MUY POCOS
Así, Pigem critica que sólo puedan acceder a la prestación las personas que teniendo un hijo perciban menos de 775 euros al mes; si tienen dos, deben de recibir menos de 908 euros al mes; y si tienen tres, menos de 1.033 euros al mes.
En su escrito, recogido por Europa Press, la diputada catalana reprueba que los beneficiarios sólo puedan ser menores de edad porque "hay hijos mayores de edad dependientes económicamente de sus padres" y que la prestación sea como máximo de 100 euros por descendiente durante un plazo máximo de 18 semanas.
Del mismo modo, censura que esta ayuda sea incompatible con cualquier otra prestación, así como el complicado procedimiento para acceder al fondo. Pigem señala que estas condiciones dejan fuera a muchas familias monoparentales en situación de pobreza, como lo demuestra el hecho de que el año pasado sólo 1.500 personas accedieron a este subsidio.
Durante la interpelación urgente en el Congreso, Pigem criticó que el presupuesto de este fondo haya descendido de 10 millones de euros en 2008 a 300.000 euros en 2009, pero Solbes aseguró que esta partida presupuestaria "es suficiente para hacer frente a las demandas que se produzcan este año" y añadió que, en caso contrario, los demandantes tendrán la subvención asegurada porque es un derecho recogido en la ley.
En cualquier caso, el vicepresidente del Gobierno recordó que este fondo "es una actuación subsidiaria del Estado" y que son los padres separados o divorciados quienes deben cumplir con su obligación legal de cubrir las necesidades básicas de sus hijos.
