Las comunidades empezarán a atender a las personas dependientes en julio, según el Gobierno

Europa Press Sociedad
Actualizado: miércoles, 6 junio 2007 14:38

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció hoy en el pleno del senado que las comunidades autónomas comenzarán a ofrecer las prestaciones y servicios que contempla la Ley de la Dependencia, previsiblemente, a partir del próximo mes de julio.

A instancias del senador del Grupo Mixto Eduardo Cuenca Cañizares (Izquierda Unida), el ministro aseguró que el Ejecutivo pretende agilizar la aplicación de la norma y tiene previsto multiplicar los recursos económicos el año que viene "muy por encima" de las previsiones establecidas (678,6 millones).

De hecho indicó que, a lo largo del presente ejercicio, el Gobierno ya ha distribuido una aportación de 438 millones, por encima de los 400 previstos en la memoria económica de la Ley.

De esta manera, recordó que el pasado 22 de abril, Gobierno y comunidades autónomas aprobaron el baremo para medir a las personas dependientes y, según sus datos, todas las comunidades han comenzado ya a evaluar a aquellas personas que han solicitad recibir una prestación o un servicio.

De cumplirse las previsiones de Caldera, a partir de julio, cerca de 200.000 grandes dependientes empezarán a recibir servicios como teleasistencia, ayuda a domicilia, centros de día y residencias, entre otros, así como las prestaciones aprobadas: hasta 780 mensuales para la adquisición servicios y 487 para dar de alta en la Seguridad Social a lo cuidadores familiares (un gasto de hasta 1.014 euros mensuales por afectado).

"El gobierno ha cumplido todos sus compromisos y las comunidades tendrán que hacer un esfuerzo similar" destacó reiterando la necesidad de ajustarse al calendario de aplicación previsto (entre 2007 y 2015).

IU RECLAMARÁ 1.000 MILLONES ADICIONALES.

Por su parte, el senador de IU anunció al ministro que esta formación política reclamará al Gobierno 1.000 millones de euros adicionales para la aplicación de la Ley, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2008.

Según IU, el Ejecutivo tiene "margen" para aportar más recursos, con el fin de acelerar la ejecución de la Ley y evitar que las comunidades autónomas tengan que hacer "tanto esfuerzo" presupuestario. De lo contrario, Cuenca Cañizares advirtió de que se generará "frustración" entre los ciudadanos.

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