Actualizado 21/10/2009 15:29

El Congreso debate el próximo martes la propuesta del PP para que el profesor sea autoridad pública


MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo martes la proposición de ley del PP, presentada en julio, que solicita que los maestros y profesores sean considerados autoridad pública, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En el texto, los 'populares' explican que "los acontecimientos que se vienen produciendo de casos de violencia escolar y que vienen sufriendo los profesores en el ejercicio de su labor profesional requieren de medidas legales", como es el reconocimiento legal expreso de su condición de autoridad, medida que el PP quiere que se incluya en la LOE.

Para el PP, disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocimiento social "es una condición indispensable para avanzar en un sistema educativo de calidad, que prime el mérito y el esfuerzo y eduque en la convivencia, el respeto y los valores constitucionales".

VALORAR EL TRABAJO DEL PROFESOR

De este modo, resaltan que la piedra angular del sistema educativo son los profesores y que se deben tomar medidas como la propuesta para invertir la tendencia que vive España, "uno de los países de la OCDE donde mayor descenso ha sufrido la valoración social de la educación y de la profesión docente".

Según dicen los 'populares', el reconocimiento del carácter de autoridad pública al profesor sería una medida de "enorme trascendencia en el ámbito jurídico", y se sumaría a otras iniciativas de las comunidades autónomas que buscan prevenir y atender a los profesionales afectados por estas manifestaciones violentas, como son la elaboración de protocolos de actuación, publicación de guías de orientación o asesoramiento y personación en las causas judiciales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció a mediados de septiembre, después de los incidentes violentos en Pozuelo de Alarcón, una Ley de Autoridad del Profesor para concederles la condición de autoridad pública.