El Congreso debate esta semana la iniciativa de ICV para acabar con las "arbitrariedades" de la reagrupación familiar

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados votará este miércoles una iniciativa de ICV para acabar con las "arbitrariedades" que a su juicio se producen en los consulados españoles cuando los inmigrantes piden acogerse a la reagrupación familiar para entrar en España.

Según ICV, "existe constancia de prácticas consulares que dificultan hasta extremos injustificables la reagrupación familiar, llegándose incluso a denegar las solicitudes sin motivo". Así, denuncia que los consulados están "dificultando que las familias puedan vivir juntas en España y ejercer su derecho a la reagrupación familiar que la ley y la Constitución les concede".

La propuesta, recogida por Europa Press, señala que en ocasiones se rechazan las solicitudes de los inmigrantes porque "se presume que no existe realmente un vínculo de matrimonio" cuando en realidad existe "matrimonio desde hace años, con hijos en común".

"PREGUNTAS SESGADAS Y CAPCIOSAS"

En los consulados de Nador y Casablanca, se expone en la iniciativa, las reiteradas negativas se dan "porque las personas expresan, ante preguntas sesgadas y capciosas, que en el futuro desearían tener la nacionalidad española", siendo éste un "motivo denegatorio injustificado pues legalmente la ley española así lo contempla tras un período previo de residencia".

Además, destacan que en el consulado de Dakar se dan denegaciones "invocando motivaciones imprecisas, lo que impide recurrir la decisión", y en los de Quito y de Islamabad "tardan hasta ocho meses en dar cita para iniciar este proceso".

"Nos sorprende la enorme arbitrariedad y falta de rigor en algunos consulados españoles para aplicar una misma normativa", subraya el diputado ecosocialista Joan Herrera, al tiempo que critica la intención anunciada por el Gobierno de limitar los casos en los que los inmigrantes se pueden acoger a la reagrupación familiar.

Por ello, insta al Gobierno a garantizar este procedimiento y a solucionar "en un plazo de seis meses las circunstancias que motivan la dilación en las resoluciones, dictar las instrucciones precisas y adoptar las medidas necesarias para armonizar los requisitos".