MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cifró hoy en unos 1.400 los inmigrantes desempleados que se han acogido al Real Decreto de retorno voluntario a sus países de origen que entró en vigor el pasado 11 de noviembre.
Corbacho, en entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, explicó que "se están cumpliendo las previsiones" que había establecido su Departamento y que, desde su entrada en vigor hace un par de meses, han planteado la petición para acogerse al decreto "en torno a los 1.400" inmigrantes desempleados.
En este sentido, el titular de Inmigración señaló que cuando este plan entró en vigor el número de parados que pertenecían a países que se podían acoger al decreto estaba "por encima de 80.000 personas" y que entonces la previsión fue la de que se acogerían al proyecto entre el 10 y el 15% de ellos, pero que en la actualidad esa cantidad de parados inmigrantes asciende a "ciento y algo mil".
Con todo, el ministro instó a ver el decreto "no tanto como una solución o salida para que todos los inmigrantes que están en paro se marchen, sino como una oportunidad". Así, a renglón seguido, ejemplificó con un trabajador del sector de la construcción extranjero que vino a trabajar a España y que hoy ha perdido su puesto de trabajo tiene una "expectativa" y señaló que hay países de origen de estos inmigrantes, por ejemplo, Rumania (aunque los romanos no se puedan acoger al decreto) o Ecuador donde hay "un cierto desarrollo" en el sector de la construcción. "Pienso que es un decreto más pensado en la permanencia y no en la coyuntura", concluyó.
El plan de retorno voluntario está dirigido a inmigrantes no comunitarios procedentes de 19 países que tienen convenios en materia de Seguridad Social con España que, tras un periodo de cotización, hayan quedado en el paro y tengan derecho a subsidio. Los extranjeros en paro que se acojan al proyecto de regreso a sus países de origen recibirán toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos: uno del 40% del total en España y el segundo del resto al mes siguiente en su país. A cambio, no podrán volver a España en al menos tres años.
