BRUSELAS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, ha iniciado una investigación a la Comisión Europea por el retraso en el pago a ONG, universidades y otras organizaciones que desarrollan proyectos financiados con fondos europeos. El Ejecutivo comunitario tiene ahora hasta el 31 de mayo para remitir su opinión sobre el caso a Diamandouros, informó hoy la oficina del Defensor del Pueblo Europeo.
Tras una primera investigación cerrada en julio de 2008, el defensor del pueblo europeo ha recibido nuevas quejas por este tipo de casos y pregunta a Bruselas por las medidas asumidas para solucionar los retrasos.
Diamandouros concluyó en su primera investigación que el Ejecutivo comunitario había realizado "progresos" pero continuaba encontrando "serios problemas para pagar a tiempo", según un comunicado del Defensor del Pueblo Europeo.
Ahora, ha decidido emprender una nueva investigación que incluya los últimos datos de la Comisión Europea correspondientes al año 2008.
Hasta diciembre de 2007, Diamandouros recibió más de 30 quejas relacionadas con el retraso en los pagos de la Comisión, procedentes de ONG, empresas, centros de investigación, universidades y otras asociaciones. Entonces, el Defensor del Pueblo Europeo constató que en 2007 hubo retrasos en uno de cada cinco pagos comprometidos por Bruselas. Así, "el 22% de todos los pagos efectuados por la Comisión" se produjeron con algún tipo de" retraso".
Las medidas puestas en marcha anteriormente por el Ejecutivo comunitario para corregir esta situación fueron "celebradas" por Diamandouros, quien reconoció la "simplificación de los procedimientos y la mejora del seguimiento interno" de los pagos y la aplicación de "indemnizaciones" para compensar los retrasos. Entre 2005 y 2007, Bruselas redujo a la mitad esos retrasos.
Aún así, instó a la Comisión a "intensificar sus esfuerzos en cuanto fuera posible", especialmente de cara a los beneficiarios "más vulnerables", tales como los particulares o las Pyme.
En la nueva investigación abierta por el Defensor del Pueblo Europeo, éste pide a la Comisión Europea que le proporcione los últimos datos y las medidas tomadas en 2008 para solucionar el problema de los retrasos.
