Denuncia que la "congelación" de la aportación estatal "asfixiaría" a las autonomías, que sufragan el 80% de los servicios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, acusó hoy al Gobierno central de "no responder" al compromiso financiero con las comunidades autónomas para sufragar el coste los servicios derivados de la aplicación de la Ley de la Dependencia al considerar "claramente insuficiente" el presupuesto de los "dos últimos años". Por ello, instó al Ejecutivo a "hacer una parada" y "revisar la ley" de modo "urgente" en la próxima reunión del Consejo Interterritorial --convocada en septiembre-- y no en 2010 como está previsto.
"No funciona (su tramitación), no cubre las expectativas y sólo creamos personas frustradas que ven que la ley no responde", aseveró en una desayuno informativo mantenido hoy con los medios de comunicación para explicar la situación del proceso de tramitación de la Ley de la Dependencia.
La conselleira denunció que la "congelación" en la aportación de base que realiza el Estado --nivel mínimo que decide el Ejecutivo central para cada beneficiario según su grado y nivel de dependencia y que gestiona la Administración autonómica-- anunciada por el Gobierno central "asfixiaría" a las comunidades autónomas que, como recordó, sufragan actualmente "un 80 por ciento del proceso de tramitación".
Así, apuntó que el coste de una plaza en una residencia para un gran dependiente asciende a 2.600 euros mensuales, de los que el Estado aporta 263 euros. "No es la correlación que debería existir en la cofinanciación de un servicio del cuarto pilar del Estado del Bienestar social", aseguró, para demandar un mayor "ajuste" e "implicación" del Gobierno central en su financiación.
SITUACIÓN QUE SE AGRAVARÁ EN 2010
La situación se agravará, según expuso Mato, el año que viene, periodo en el que los "compromisos presupuestarios" de la Xunta "aún serán mayores" y, por ello, advirtió de que la tramitación "será más compleja" al acentuarse esa insuficiencia financiera. "Las comunidades autónomas piden una reflexión y la revisión de la ley al Estado", reiteró tras indicar que esta situación no afecta en exclusiva a Galicia.
Así, el Estado asignó 78 millones de euros a la Xunta en ese nivel mínimo de financiación para 2009, aunque el Observatorio Nacional de la Ley de la Dependencia recomendó multiplicar por cinco las cuantías de esta base de cara al próximo año. Ante esta circunstancia, el Gobierno gallego pretende elevar a 390 millones de euros su exigencias presupuestarias.
En el nivel acordado --aportación consensuada entre Estado y comunidad autónoma a través de un convenio en el que ambas participan al 50 por ciento--, si este año se recibirán 23 millones, la Xunta aspira a reclamar 50 millones en 2010.
LA XUNTA "RESPONDERÁ"
La conselleira subrayó que la comunidad gallega "responderá" a la tramitación de la Ley de la Dependencia, un proceso al que dedicará "todos los esfuerzos". En concreto, destacó que su departamento ha destinado casi 28 millones de euros a ese fin con el objetivo de atender a 16.500 grandes dependientes antes de finalizar el año comprometidos por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
No obstante, insistió en reclamar del Gobierno central el mismo compromiso, "que sea verdad y se traduzca en más dinero para la tramitación de la ley", demandó. Mato recordó que su departamento registra 75.351 solicitudes, de las que 16.790 están atendidas --21,6 por ciento-- y 13.737 desistieron --por fallecimiento u otras causas--.
Entre las personas atendidas --16.790-- figuran 13.462 grandes dependientes, por lo que el Gobierno gallego aspira a atender a otros 2.538 casos de estas características antes de fin de año. En esta línea comprometió "todos los esfuerzos presupuestarios", así como la reducción de los plazos de valoración del grado y nivel de dependencia de cada solicitante y la concesión de prestaciones en seis meses, de forma que esos dos trámites se resolverán en un máximo de tres meses cada uno.
Aparte, en el sistema existen 35.362 solicitudes, que representan el 45 por ciento de las totales contabilizadas a 1 de julio --75.351--, en proceso de tramitación. De ellas, unas 2.000 están pendientes de que se realice una valoración del grado y nivel de dependencia. Otras 13.462 solicitudes --17 por ciento del total-- se corresponden con personas con el grado de dependencia más bajo --grado I-- a los que se concederá la prestación una vez estén atendidos los de grado III y II.
