MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 124.635 personas en España esperan un dictamen para saber si tienen derecho a alguna prestación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Imserso), recogidos por Europa Press.
Este es uno de los temas "prioritarios" para la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que acaba de asumir las competencias en materia de Dependencia y que tras la toma de posesión de su cargo, aseguró que el nuevo departamento que ahora dirige tiene interés en "acortar los plazos" para la implantación de esta norma, que entró en vigor hace más de dos años y que ha pasado ya por dos ministerios --Trabajo y Asuntos Sociales y Educación, Política Social y Deporte--.
Si bien la competencia en materia de asuntos sociales está transferida a las comunidades autónomas, es el Gobierno el encargado de coordinar a estas administraciones para que apliquen la ley de forma igualitaria a través del Consejo Territorial de la Dependencia, que, según avanzó la nueva titular de Política Social, se reunirá próximamente --previsiblemente este miércoles-- para "acelerar la ley" y "mejorar la calidad de los servicios".
Mientras, el Comité de Expertos para la revisión de la aplicación de la Ley de Dependencia --formado por dos catedráticos, dos profesores de universidad y una ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña--, y creado por mandato del Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre, ha comenzado a trabajar con el objetivo de publicar un informe el próximo mes de junio.
El mandato de la Cámara baja contemplaba además la posibilidad de realizar las modificaciones normativas necesarias para adecuar los servicios y las prestaciones que establece la norma a los parámetros de eficacia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto al marco competencial de las comunidades autónomas.
A pesar de que el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, más conocido como Plan E, aumentara en 400 millones de euros la financiación para el despliegue del sistema de Dependencia hasta alcanzar los 1.558 euros en 2009, varios responsables autonómicos en asuntos sociales han manifestado de forma reiterada las dificultades para garantizar los servicios y prestaciones por la "falta" de apoyo presupuestario.
