MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unión Progreso y Democracia (UPyD) estima en 4.000 millones de euros anuales el despliegue de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, es decir, cuatro veces más de lo que prevén los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.
En una entrevista en el periódico de la discapacidad 'Cermi.es' (Comité Español de Representantes de la Discapacidad), la portavoz y diputada de este grupo parlamentario, Rosa Díez, señala que "en el contexto actual de crisis económica, caben actuaciones destinadas a mejorar la renta disponible de las personas menos afortunadas o de las que tienen unas mayores cargas familiares", para añadir que "lejos de anotar esas mejoras, el proyecto que presenta el Gobierno es claramente regresivo".
Asimismo, indica que en España "caminamos hacia 17 sistemas de salud diferentes" en los que los servicios que reciben los ciudadanos "vienen marcados por el territorio en el que residan" y aseguró al respecto que estos sistemas generarán "ciudadanos de primera y de segunda".
Por ello, desde UPyD consideran que el Estado debe garantizar la igualdad asumiendo un catálogo de prestaciones básicas para todos los ciudadanos con independencia de donde vivan. En este sentido, Díez pone como ejemplo la atención a personas afectadas por una enfermedad mental, que en España se enmarca en 11 planes autonómicos diferentes, así como ocurre con las prestaciones a la dependencia.
UN ACUERDO INTERISTITUCIONAL
La diputada cree que es necesario "un acuerdo interinstitucional y social que garantice la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, acelere el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantice la equidad territorial".
En cuanto al 'copago' --cantidad que tiene que asumir los usuarios conforme a su renta--, la portavoz considera que "no debe suponer una barrera para acceder las prestaciones a las que las personas con discapacidad tienen derecho por Ley". Por ello, cree que es importante que, además de tener en cuenta la renta, "se establezcan unos porcentajes máximos que no supongan un impedimento real al beneficiario".
Respecto a la integración laboral de las personas con discapacidad, Díez asegura que en España hay 1,3 millones personas con discapacidad en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) "de las que sólo lo hace el 32 por ciento" y señala que España ocupa uno de los últimos lugares de la Unión Europea en cuanto a inserción laboral se refiere.
A través del periódico 'cermi.es', el CERMI traslada a la sociedad las*actividades, propuestas e inquietudes del sector social de la discapacidad. Se trata de una publicación mensual de carácter gratuito, con una tirada superior a los 50.000 ejemplares. Además de en papel, está disponible en la página web de esta organización (www.cermi.es).
