SAN SEBASTIAN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ELA denunció hoy la "explotación" a la que han sido sometidos varias personas inmigrantes sudamericanas empleadas de manera "irregular", sin contrato, para el montaje de instalaciones de carpas, escenarios festivos o de otro tipo organizados por los ayuntamientos de San Sebastián, Errenteria, Andoain, Hondarribia, Hernani, Bilbao, Logroño (La Rioja) y Sangüesa (Navarra), y sometidas a jornadas "maratonianas".
En una rueda de prensa en San Sebastián, el responsable de ELA en la comarca de Oarso-Bidasoa, Xabier Pérez, acompañado de la responsable de Inmigración del sindicato, Emérita Cuellar, y de algunos de los trabajadores que se han visto afectados por esta situación, dio a conocer las dos denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, la cual al parecer ya tenía "conocimiento de este fraude", y otra ante la Ertzaintza para denunciar estos "graves" hechos.
Según explicó, un grupo de trabajadores de origen sudamericano y en situación administrativa "legal" comenzó a trabajar el pasado mes de marzo, y hasta julio, para un empresario desarrollando labores de montaje de escenarios y carpas para eventos así como infraestructuras para OPEs y diversas celebraciones.
Al parecer, éste llegó a un acuerdo con la empresa ATESA por el cual le suministraría empleados para estas labores, a los cuales "no realizó contrato" y a los que sometió a "jornadas maratonianas", en una especie de "brigada de choque".
Pérez indicó que ATESA, con sede social en la localidad guipuzcoana de Hernani, fue contratada, "de manera legal", por diversos ayuntamientos, como los de San Sebastián, Hondarribia, Errenteria o Andoain, y entes o sociedades públicas, como el BEC de Barakaldo, y así estos inmigrantes contratados de manera "irregular" trabajaron, por ejemplo, en la instalación del escenario de la playa del Heineken Jazzaldia de San Sebastián, donde "uno cayó al vacío desde una altura de siete metros sin que afortunadamente resultara herido".
El sindicalista consideró "muy graves" estos hechos y acusó de "negligencia" a las instituciones públicas que "están detrás" de estas contrataciones "irregulares". Además, denunció que estos trabajadores "sólo han percibido 200 euros en negro" por los trabajos realizados.
Además, recordó que para renovar sus papeles estas personas requieren de seis meses cotizados por año, por lo que pidió al INEM y a las administraciones que "sean sensibles" con su situación, "miren un poco más allá de sus narices", porque "estas personas han estado trabajando para ayuntamientos" y ahora "no tienen" esos meses cotizados.
Además, pidió a los consistorios implicados que "reparen el daño moral" ocasionado a estos trabajadores empleándoles, de manera regular, petición que ya ha trasladado al concejal donostiarra de Cultura, Denis Itxaso, a quien van a "vigilar".
Pérez advirtió que "deben de encenderse todas las alarmas" puesto que "cuando esto ocurre con total impunidad en la Administración, qué estará pasando con los inmigrantes" en otros ámbitos, cuando, además, "el 25 por ciento de la economía es sumergida y en ella el 85 por ciento son inmigrantes".
Finalmente apuntó que ELA acudirá a los juzgados de lo Social y lo Contencioso a defender a estos trabajadores que no aparecen en los contratos de ATESA y pondrá a los ayuntamientos "firmes para que esto no vuelva a pasar".
Por otro lado pidió a los consistorios que tengan "ojo" con los "recortes" presupuestarios que pueden repercutir en que se den este tipo de contrataciones "irregulares" para ahorrar costes.
Por su parte, Cuellar animó a todas las personas inmigrantes "víctimas de explotación laboral" a que denuncien su situación para "visibilizar tanta injusticia sociolaboral" y para que las instituciones tengan que "replantear las leyes actuales de extranjería", al tiempo que exigió un "modelo de integración para las personas inmigrantes" y la "derogación de la actual Ley de Extranjería".
