El Fiscal denuncia que no es posible valorar la incidencia de la inmigración en la criminalidad y teme brotes xenofobos

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería denuncia la imposibilidad de "valorar seriamente" la incidencia de la inmigración en los índices criminológicos de España ante "la carencia generalizada de medios materiales y personales", según la Memoria del Fiscal General del Estado, correspondiente a 2006, presentada hoy.

La Fiscalía muestra su preocupación por los efectos que puedan generarse en la opinión pública y la posibilidad de que se generen brotes xenófobos, al "identificar sin matización alguna el incremento de la delincuencia con el aumento de la inmigración".

Según el informe, las fiscalías solo disponen de una información "sesgada e incompleta" de los datos más trascendentes en materia de Extranjería. Así, ve "imposible" contribuir a formar un conocimiento exacto sobre aspectos como el sistema sustitutivo de penas por medidas de expulsión, el alcance de las medidas cautelares de internamiento y su ejecución posterior, la práctica de las libertades condicionales o la entidad y trascendencia de los delitos contra los ciudadanos extranjeros.

El informe explica como, desde 1994, la Fiscalía General del Estado ha ido recabando cada vez un mayor número de datos estadísticos que, en la mayoría de las ocasiones, "no ha podido cumplimentarse ante la carencia generalizada de los medios materiales y personales".

En concreto, se refiere a cuestiones como las causas abiertas contra un mismo extranjero, mediante la apertura de fichas individuales; control y listado de presos extranjeros condenados o preventivos; un registro de extranjeros internados de manera cautelar o el control de las ejecuciones y resoluciones en materia de expulsión.

LLEGADA DE PATERAS.

El informe de la Fiscalía se refiere también a la llegada de pateras, un fenómeno que, según dice, "no sólo ha convulsionado la conciencia colectiva de los españoles, sino también ha puesto en evidente crisis tanto el sistema legal de la medida cautelar de internamiento de extranjeros, como la propia infraestructura e implantación de los mismos centros".

Los fiscales denuncian aspectos como las actividades inspectoras en los centros de internamiento, dado que no siguen pautas uniformes de control y seguimiento y no reflejan "de manera unificada y precisa" las irregularidades apreciadas. Por ello, señala la necesidad de confeccionar un protocolo de inspección de los centros y un modelo unificado de acta de visita.

No obstante, en términos generales el informe advierte de que "la valoración de los centros de internamiento existentes no es muy positiva". Por ejemplo, indica que el centro de internamiento de Málaga no reúne las condiciones adecuadas (un antiguo cuartel con bastantes humedades que no se adecua a las necesidades de un centro de internamiento).

Igualmente, el informe muestra que el Centro de Barranco Seco (Gran Canaria) "es vetusto y adolece de medidas de seguridad, principalmente contra incendios. "Especialmente preocupante" es la situación del centro de Hoya Fría (Tenerife), "por la insuficiencia de dotación policial para hacer frente a la problemática". En este centro, "solo existen turnos con tres agentes, mientras que el patio está custodiado por un solo policía, dejando la seguridad del centro a la confianza y el deseo de que no haya altercados".

DELITOS CONTRA EXTRANJEROS

Asimismo, el informe hace referencia a la dificultad de descubrir y perseguir los delitos que se comente por extranjeros, dado que, en muchos casos, la denuncia de esta persona es el único medio para conocer su existencia. Además, estas denuncias se producen pocas veces, por miedo de las víctimas a sufrir las represalias de la organización criminal, no solo en sus personas sino en familiares que aún se encuentran en sus países de origen.

El informe refiere como las mafias aprovechan la vulnerabilidad y desarraigo en el país de destino y la situación irregular de los extranjeros, extendiendo su actividad a la explotación laboral o sexual con el pretexto de hacerles pagar una deuda, muchas veces desproporcionada por el transporte e introducción en el país.