El fiscal pide hasta seis años de cárcel para un mosso que cobró para regularizar a chinos

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal elevó hoy de cuatro a seis años la petición de pena de prisión contra un mosso d'Esquadra que presuntamente cobró dinero para facilitar permisos de extranjería a inmigrantes chinos. No llegó a tramitar la documentación, por lo que fue denunciado por un delito de estafa por parte de los chinos que le habían adelantado dinero.

El agente, que estaba de excedencia cuando sucedieron los hechos a finales de 2007, negó las acusaciones ante el tribunal y dijo que conocía a una de las víctimas porque era un confidente suyo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Según el mosso, este inmigrante le pidió que le ayudara a regularizar su situación, pero le contestó que esto es competencia de la Policía Nacional. Sin embargo, se ofreció para ayudarle a través del Consulado de China en Barcelona, aunque dijo que no cobró por ello. Finalmente, las autoridades chinas no quisieron ayudar en la tramitación.

En cambio, el Ministerio Público sostiene que el agente pidió, a través de una intérprete china, hasta 80.000 euros para tramitar unos 40 expedientes de extranjería, extremo que hoy ratificó la mujer ante la magistrada.

En varios encuentros en la ciudad de Barcelona, G.M.M., que había sido subjefe de investigación de los Mossos en Santa Coloma y ahora vuelve a estar en el Cuerpo, se ofreció a la intérprete para que buscara compatriotas suyos en situación irregular.

Le pedía 3.000 euros por persona, la mitad del dinero por adelantado. No obstante, la intérprete dijo que muchos de los inmigrantes no tenían tanto dinero, por lo que rebajó la cantidad inicial a 1.000 euros.

La intérprete, Xiaoxu Y., y un amigo suyo, Chaoxiang A., le entregaron fotografías y fotocopias de pasaportes al agente para que empezara a tramitar la documentación. No obstante, el mosso les dijo que tenía problemas para hacerlo y les pidió la totalidad del dinero, por lo que la intérprete, su amigo y unos parientes llegaron a adelantar parte del dinero, unos 60.000 euros.

Los inmigrantes decidieron llevar el caso a la policía al comprobar que el acusado no les tramitaba la documentación y a pesar de que el acusado les advirtiera de que no le denunciaran porque la compra de documentos era delito.