MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Foro Nuclear considera que la modificación de la orden ministerial que abre la posibilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) opere más allá de julio de 2013, es
"una decisión acertada y coherente" además de "una prioridad" pues 1.500 familias dependen de la instalación.
Según ha indicado, la electricidad producida en la central nuclear de Garoña en 2011 equivale al 6,5 por ciento de la producción nuclear española y unas 1.500 familias dependen "directa o indirectamente" del funcionamiento de la planta.
Además, ha subrayado que el conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la central en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones de euros destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas.
Para el Foro, "el funcionamiento de las instalaciones siempre que reúnan las condiciones de seguridad, como es el caso de la central nuclear de Garoña, es una prioridad".
Según recuerda, el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)del pasado 17 de febrero indica que "no existe ningún impedimento desde el punto de la seguridad nuclear y la protección radiológica para modificar la orden ministerial del 3 de julio de 2009, una vez analizada la experiencia operativa y sus resultados".
Además, según ha indicado, los informes de las pruebas de estrés, presentados por el CSN el 22 de diciembre de 2011, "confirman que Garoña cuenta con márgenes de seguridad sobre los requisitos de sus bases de diseño".
Por ello, considera que la modificación de la orden ministerial está fundada en "argumentos racionales y técnicos" y que es "legítimo" que Garoña pueda continuar funcionando.
Además, el Foro Nuclear ha explicado que en España las centrales nucleares no tienen limitado su periodo de funcionamiento pues, desde el comienzo de su operación se conceden autorizaciones de funcionamiento que se renuevan cada diez años, de acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad del CSN, "sin límite legal para ellas".
La presidenta de Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, cree que "permitir que Santa María de Garoña pueda continuar su operación en condiciones de seguridad es una decisión coherente con las directrices de la política energética del Gobierno y, por tanto, hacer viable su funcionamiento debe ser una prioridad para todos".
