"No significa necesariamente" modificar la Ley de Extranjería, puede conllevar un protocolo de actuación para los agentes en frontera
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha creado un grupo de trabajo para analizar una reforma de la legislación que proporcione un marco legal a las devoluciones sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes que han salido de su territorio para introducirse de forma clandestina en España, una práctica habitual en Ceuta y Melilla que permite un convenio de readmisión suscrito con el reino alauí y que no está recogida en la normativa actual.
Según han explicado en fuentes oficiales a Europa Press, "se ha creado un grupo de trabajo embrionario que está en fase muy incipiente" con objetivo de encontrar "la fórmula para modificar el marco jurídico haciéndolo compatible con el derecho comunitario para que estén contemplados los rechazos en frontera".
Esto, según las mismas fuentes, "no significa necesariamente" modificar la Ley de Extranjería, sino que puede implicar "alguna pequeña modificación" en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, no se descarta la redacción de un protocolo específico que defina la forma de actuar en estos casos, tal y como venían demandando las asociaciones de guardias civiles.
No obstante, una de las posibilidades objeto de estudio es extender la figura del "rechazo en frontera", que se utiliza en puertos y aeropuertos, a zonas como el litoral de Ceuta y Melilla. Esta fórmula permite a los agentes de puestos fronterizos como Barajas embarcar de vuelta al país de origen a los extranjeros que no tengan autorización, pues se entiende que no han entrado en el país al no haber superado el control de pasaportes. Aplicarlo en la costa permitiría devolver 'en caliente' a Marruecos a los recién llegados.
AL PP LE CONSTA QUE SE ESTÁ ESTUDIANDO
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que la intención va más en sentido de tocar la Ley de Extranjería, pues, según ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja, le "consta que se está estudiando" modificar la normativa en relación a dichas devoluciones en caliente, dado que la aplicación del convenio con Marruecos puede llevar a "puntos no resueltos" en la normativa actual. Su grupo parlamentario también está analizando esta cuestión.
"Cómo se lleva a cabo y qué requisitos tiene está regulado en el reglamento y parece que da lugar a problemas y eso sí se quiere revisar para tener una garantía de que en cualquier caso pueda funcionar bien. El tratado se firmó hace años para hacer inútil el esfuerzo de las mafias. Está bien que se estudie para que haya más seguridad", ha dicho el portavoz 'popular'.
En este punto, ha insistido en que es necesaria la colaboración tanto de la UE como de otros partidos políticos para proteger la frontera. "Revisemos si nuestra legislación protege bien a las personas que son utilizadas por las mafias, hagamoslo juntos. Ya me gustaría poder hacerlo con el PSOE", ha indicado, tras acusar al líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de mantener un discurso "insólito e impropio" al mostrarse dispuesto en el mismo día a pactar con Bildu en Navarra y acusar a la Guardia Civil por sus actuaciones en Ceuta, a pesar de haber sido ministro del Interior.
Alonso ha recordado en este contexto que la Guardia Civil es la institución "más valorada" de España según las encuestas y ha subrayado que trabaja igualmente por cumplir la ley y por proteger las vidas y las libertades de los españoles y de aquellos que son utilizados por las mafias.
"El año pasado salvaron más de 3.000 vidas. Me parece bien que se mire en qué se puede mejorar para proteger la frontera del sur de Europa porque tenemos esa responsabilidad pero no me parece que se aproveche esta tragedia para intentar sacar un partido o una ventaja partidista a costa de la Guardia Civil", ha remachado.
Por último y, preguntado sobre la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de esta tarde en una moción para que dimita el ministro del Interior ante lo acaecido en Ceuta, Alonso ha criticado que la forma de hacer la oposición sea pedir "todas las semanas" la dimisión de algún ministro, sin proponer ninguna alternativa a cambio.
NI LA LEY, NI EL CONVENIO
La vicepresidenta del Gobierno señaló el pasado viernes la existencia de "deficiencias" en la aplicación de la legislación en las ciudades autónomas. En la actualidad, no hay un protocolo que establezca oficialmente si debe aplicarse el acuerdo de readmisión con Marruecos o la Ley de Extranjería y en la práctica, muchos inmigrantes acaban siendo entregados a las fuerzas marroquíes sin que haya mediado ninguna de estas herramientas.
La Ley de Extranjería, reformada cuatro veces desde el año 2000, establece que ante la entrada de un inmigrante sin autorización en territorio nacional por un puesto no habilitado, debe ser trasladado a dependencias policiales, donde contará con un intérprete y asistencia letrada, será identificado, se le ofrecerá la posibilidad de pedir asilo y se tramitará si es el caso, el correspondiente expediente para proceder a su devolución al país del que salió.
El acuerdo de readmisión con Marruecos, que data de 1992 pero no ha entrado en vigor hasta octubre de 2012, permite que los recién llegados desde su territorio sean directamente entregados a las fuerzas marroquíes de las que se zafaron, eso sí, previo paso por dependencias policiales donde, de nuevo, se les tratará de identificar para entregar cuanta información sobre ellos sea posible al reino alauí. De hecho, el tratado da diez días de margen a las autoridades españolas desde que se produce la entrada ilegal para poder recabar todos estos datos.
Marruecos, además, debe certificar que ha recibido a cada una de las personas que España entregue y será responsable de su deportación, asegurándose que "son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en la medida en que no tengan derecho a permanecer" en su territorio.
ONG como Prodein vienen documentando en vídeo que ninguna de estas previsiones se cumple en la frontera de Melilla y el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras adimitir que podría incumplirse la legislación "en casos puntuales", dijo en sede parlamentaria que en la tragedia de Ceuta, donde 23 inmigrantes consiguieron alcanzar la playa en un intento que se cobró la vida de al menos 15 personas, tampoco se acató: los extranjeros no fueron identificados ni trasladados a comisaría y según alcanzaron la orilla, se entregaron a Marruecos.
El ministro argumentó que esta práctica era "política de Estado" desde el año 2005, que se trata de un "concepto operativo" por el que se "retrotrae" a la orilla del mar la línea imaginaria que separa las aguas marroquíes de las españolas para no tener que rechazar a los inmigrantes dentro del mar.
Así, cuando llegan a la playa y mientras no superen el cordón policial desplegado sobre la arena, no se considera que han entrado en España, como se hace en los aeropuertos antes del control de pasaportes, y son devueltos sobre la marcha sin aplicarles la legislación. Para la Abogacía española esto es "una barbaridad" desde el punto de vista jurídico que no tiene ningún amparo legal en España.
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