MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció hoy que el Gobierno firmará en 15 días un convenio de colaboración con la comunidad canaria para que se puedan derivar los menores inmigrantes no acompañados a otras autonomías.
Zapatero respondía así a la pregunta realizada la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso sobre la fecha en la que iba a firmar el acuerdo.
El presidente del Ejecutivo indicó que el convenio supone una concesión de 15 millones de euros para financiar el traslado y la atención de estos menores a otras comunidades, lo que a su juicio representa "una política de marcado caracter estatal y de sentido de país".
Además, indicó que este tipo de convenios, firmados en 2006 y 2007, reflejan "la colaboración del Gobierno de España en las tareas de acogida y tutela de estos menores, que en principio son competencia de la comunidad canaria".
Zapatero dijo que desde 2006 un total de 500 menores han sido trasladados y atendidos en otras autonomías, y añadió que el Estado ha financiado con cuatro millones la acogida de menores en las comunidades durante este año.
REPATRIACIONES A MARRUECOS Y SENEGAL
Además, aseguró que el Gobierno "está trabajando intensamente en el ámbito diplomático con países como Marruecos y Senegal para articular una repatriación con todas las garantías en materia de menores" y está estudiando la reforma de la Ley de Extranjería.
Por su parte, Oramas, que se alegró de la firma del convenio, destacó que "en este momento Canarias atiende a 1.600 chicos" y en "los últimos años se han quedado en la comunidad 6.000 jóvenes africanos".
Así, dijo que la situación de estos menores "no es un problema coyuntural sino estructural", y recordó a Zapatero que el número de menores llegados en cayucos hasta Canarias "se ha multiplicado durante la pasada legislatura".
Por ello, solicitó al Ejecutivo que modifique la Ley de Extranjería, ya que a su juicio "incita a lanzar a los menores al mar, no permita el retorno de los menores con sus familias y les deja cuando cumplen 18 años en un limbo jurídico al carecer de documentación.
