El Gobierno plantea a los medios moderar los contenidos sobre violencia de género para evitar el 'efecto repetición'

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno planteará a los medios de comunicación la posibilidad de moderar el tratamiento de la información relativa a los casos de violencia de género con el fin de evitar el 'efecto repetición' en los potenciales agresores y que las víctimas se vean disuadidas por miedo a presentar una denuncia, según informaron a Europa Press en fuentes de la Administración.

El Ejecutivo ha puesto en marcha un grupo interministerial para realizar un "análisis pormenorizado" de las políticas en materia de violencia de género y corregir los "fallos" que pudieran derivarse de la aplicación de la norma.

Los responsables del Gobierno mantienen su apuesta por la Ley Integral, pero están preocupados por la evolución en el número de víctimas (al menos 35 en lo que va de año, superando la cifra registrada en junio de 2006).

Tal y como anunció este mismo mes el titular de Trabajo, Jesús Caldera, el Gobierno convocará a los representantes de los medios de comunicación con el fin de promover un código de autorregulación en el tratamiento informativo de la violencia de género. El encuentro se producirá antes del verano.

Según las mismas fuentes, tras los últimos meses, y después de conocer la opinión de expertos en la materia, el Ejecutivo teme que la manera de transmitir algunos mensajes pueda ser "contraproducente", como por ejemplo, detallar el número de puñaladas o la virulencia con la que se cometió un determinado homicidio.

ASOCIACIONES DE MUJERES.

Asociaciones de mujeres, consultadas por Europa Press, comparten este planteamiento. Marisa Soleto, responsable de la Fundación Mujeres es partidaria de también de intentar desterrar mensajes que introduzcan factores exculpatorios del agresor.

Esta experta apunta que, en ocasiones, se insertan declaraciones de testigos que hablan del asesino como "un ciudadano impecable", que pueden trasladar la idea de que cometió el crimen "por un calentón". "Hasta hace poco, cuando se escuchaba una noticia de este tipo en un bar, se podían escuchar comentarios del tipo: 'algo habrá hecho'. Por eso, los medios deben realizar una reflexión", valoró a Europa Press.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, se mostró partidaria de promover un código de autorregulación entre los medios. "La noticia no son las quince puñaladas que recibe la víctima, sino que un hombre se ha sentido legitimado a asesinar a una mujer", señaló.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se apuntan al menos dos factores que redundan en los problemas de efectividad de la Ley Integral: la ausencia de denuncia por parte de las víctimas o la retirada de la misma cuando se inicia el proceso judicial y el incumplimiento de las medidas de seguridad, tanto por el agresor como, en ocasiones, por la propia víctima.

MOCIONES DE PP Y ERC.

La violencia de género volverá a ser objeto de discusión el próximo miércoles en el pleno del Congreso, con el debate de sendas mociones presentadas por los grupos parlamentarios del PP y de ERC.

Ante el "incremento de casos" de violencia, los 'populares' plantean una evaluación "inmediata" de la aplicación de la Ley; la puesta en marcha de sistemas de protección personal adecuada a cada caso; el incremento de medios policiales; y la puesta en marcha de medidas de protección y vigilancia en los supuestos en que la mujer retire la denuncia.

Por su parte, ERC propone un paquete de medidas legislativas: reforma de la Ley orgánica para ampliar la protección a todas las mujeres, con independencia de su vínculo con el agresor; el incremento de las ayudas económicas; una mejor definición de las competencias de los juzgados; o la aportación de informes socio sanitarios como pruebas periciales.

También reclama un incremento presupuestario y una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a la víctima en el proceso de declaración (mamparas o soportes audiovisuales); legitimar a los fiscales para tramitar de oficio las denuncias, e incluir como falta disciplinaria la "inactividad" de jueces y magistrados.