La medida forma parte del Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobará mañana el Consejo de Ministros
MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno propondrá mañana conceder la residencia legal a las víctimas de la trata de blancas que denuncien su situación, avanzó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
La medida --que requiere una modificación de la Ley de Extranjería-- forma parte del Plan Nacional de Derechos Humanos que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que situará a España, junto a Suecia y Noruega, "en la vanguardia" europea en esta materia, subrayó la portavoz del Ejecutivo en una sesión informativa con los medios de comunicación para presentar la iniciativa.
El plan --en el que han participado ocho ministerios y ONG-- incluye como adenda un programa específico de lucha contra la trata de seres humanos que prevé, además de la medida mencionada, la asistencia gratuita a las víctimas, a las que se les facilitará intérprete y se les ofertará programas de inserción social.
El Ejecutivo prevé asimismo dotar de más medios materiales y humanos a los cuerpos policiales dedicados a luchar contra este tipo de delincuencia. Contempla además la creación de un fondo con los bienes decomisados a las redes que trafiquen con seres humanos que irá destinado a las organizaciones que luchen contra la trata.
Al margen del plan de lucha contra la trata de seres humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos incluye un total de 172 medidas, de las cuales 132 afectan a la política interna y el resto a la acción exterior.
CÁMARAS GRABARÁN A DETENIDOS INCOMUNICADOS
Entre las primeras, destaca el compromiso del Gobierno de introducir cámaras en aquellas dependencias policiales que reciban a detenidos en régimen de incomunicación, como es el caso de los terroristas.
Mientras España siga sufriendo el terrorismo no eliminará el régimen de incomunicación, explicó De la Vega, que señaló que con la medida de introducir cámaras se evitarán denuncias por torturas, por lo que no sólo se protegerá al detenido, sino también a los policías.
El Plan también contempla la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad y un proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios para ampliar los Derechos Humanos en las cárceles.
También propone establecer garantías de Derechos Humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un protocolo sobre servicios mínimos de funcionamiento y régimen interno. El Plan también compromete al Gobierno en la protección de los refugiados, con una reforma del sistema de asilo.
REFORMA DE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
El Plan incluye el propósito del Ejecutivo de aprobar un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, crear un observatorio sobre el pluralismo religioso y reforzar la formación de policías, Fuerzas Armadas, facultativos y sanitarios, entre otros agentes públicos, en materia libertad religiosa.
El Gobierno se compromete asimismo a elaborar un proyecto de ley que recoja los derechos de los ciudadanos ante la justicia, a mejorar la atención y protección de las víctimas del terrorismo y a reconocer el derecho al voto en las elecciones municipales a los residentes extranjeros no comunitarios.
El plan incluye la modificación de la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para garantizar su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita, mientras que promueve la creación de una Oficina de Defensa del Español en el Exterior dentro de la institución del Defensor del Pueblo.
También compromete al Gobierno en la lucha contra la violencia de género, con actuaciones como el control telemático de las medidas de alejamiento de maltratadores.
En el ámbito de la acción exterior, el Gobierno firmará y ratificará los instrumentos internacionales pendientes, como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; el Protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre las municiones de racimo y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas.
El Ejecutivo también luchará por la abolición de la pena de muerte y la prevención de la tortura, mientras que promoverá la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones.
En el marco de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, el Gobierno pondrá en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y se llevará a cabo la recepción adecuada en el Código Penal de aquellos crímenes internacionales que aún no se hayan incorporado al sistema penal nacional.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
De la Vega adelantó que el Gobierno creará a primeros de 2009 una comisión de seguimiento con el objeto de someter al control de la sociedad civil y parlamentario la aplicación de las medidas contempladas en este Plan de Derechos Humanos.
La Comisión dependerá de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Presidida por el secretario de Estado, la conformarán técnicos de la Administración, miembros de ONG, expertos en Derechos Humanos y un representante del Defensor del Pueblo.
Este mecanismo de control evaluará la aplicación del plan "dos veces al año", mientras que el secretario de Estado comparecerá una vez al año ante la Comisión Constitucional del Congreso, según De la Vega.
La 'número dos' del Gobierno justificó la necesidad de que una democracia "consolidada" como España se dote de un plan de estas características porque, subrayó, los Derechos Humanos son siempre una labor "inacabada". Y es que en los países más desarrollados, precisó, también se presentan nuevos retos en esta materia, como la protección de la intimidad frente a las nuevas tecnologías, la violencia escolar o la de género, citó como ejemplo.
DE LA VEGA LO PRESENTA EL LUNES EN LA ONU
De la Vega presentará el lunes el Plan de Derechos Humanos ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y asistirá al concierto de la Orquesta de las Tres Culturas que dirige Daniel Baremboim y que España copatrocina con una aportación de 42.500 euros para financiar la orquesta, precisó la portavoz del Ejecutivo.
Naciones Unidas conmemorará con este concierto el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Ejecutivo, precisó la vicepresidenta, presentará también el plan en el Parlamento español y en la sede de Naciones Unidas en Ginebra --donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos-- en el primer trimestre de 2009. También se llevará ante el Consejo de Europa y las instituciones de la UE.
