MOSCÚ, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Bielorrusia deben dejar "inmediatamente" en libertad al presidente de la organización de Derechos Humanos Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Ales Bialiatski, y desestimar todos los cargos en su contra motivados por cuestiones "políticas", según ha dicho este viernes la organización Human Rights Watch (HRW), cuando se cumple un año de su detención.
Bialiatski fue acusado "falsamente" de evasión fiscal, procesado en un juicio "lleno de irregularidades" y, en noviembre de 2011, lo condenaron a cuatro años de cárcel y le confiscaron todos sus bienes. Por el momento ha perdido todas las apelaciones.
En 2003, las autoridades ilegalizaron Viasna y desde entonces la organización no ha sido autorizada a registrarse de nuevo. Esta ONG supervisa los procesos electorales y proporciona ayuda a presos políticos.
"Cada minuto que Bialiatski pasa en prisión, se ve minado el Estado de Derecho en Bielorrusia", ha declarado la investigadora de Bielorrusia en Human Rights Watch, Yulia Gorbunova. "El proceso judicial contra Bialiatski ha sido desde el principio una represalia por su labor en el ámbito de los Derechos Humanos. Las autoridades deberían dejarlo en libertad", ha añadido la organización.
En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que instaba a Bielorrusia a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata y a "poner fin a la detención arbitraria de defensores de los Derechos Humanos".
"Las autoridades bielorrusas necesitan darse cuenta de que gobernar a través del miedo y sin tener en cuenta las normas internacionales de Derechos Humanos es inaceptable", ha declarado Gorbunova.
Varios miembros de Viasna han dicho a HRW que trabajadores de la prisión en la que se encuentra Bialiatski lo someten a presión psicológica y a los encarcelados les prohíben mantener conversaciones con él.
Quienes respaldan a Ales Bialiatski solicitaron permiso para realizar manifestaciones mañana sábado para mostrar su apoyo. Las autoridades han denegado la petición en, al menos, cinco regiones.
