Junta andaluza dejará de cobrar la comida a los presos beneficiarios de prestaciones no contributivas, según la APDH-A

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía dejará de cobrar la comida en prisión a los presos beneficiarios de prestaciones no contributivas, según anunció hoy la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), siguiendo, así, el modelo implantado desde hace años por Cantabria, Galicia y Cataluña.

De este modo, la Administración autonómica modifica el criterio que venía siguiendo hasta la fecha para el cobro de las comidas a los presos, el cual se efectuaba mediante el descuento directo en sus prestaciones no contributivas --percibidas por los ciudadanos con minusvalía superior al 65 por ciento o mayores de 65 años que carecen de recursos--.

Para ello, la Administración Autonómica se amparaba en una sentencia del Tribunal Supremo del 20 de diciembre del año 2000, que consideraba que el coste de manutención de los pensionistas que ingresan en Centros Penitenciarios era un ingreso computable a descontar del importe de la pensión no contributiva, que en 2009 ascendía a 336,33 euros mensuales, informó la Apdh-a en un comunicado.

Concretamente, los importes diarios de manutención se hacían de acuerdo con la siguiente escala: en los centros de menos de 200 internos, el interno sano pagaba 3,56 euros; el interno joven 4,76 euros y la ración de interno en enfermería 6,10 euros.

En los centros de 200 a 500 internos, el interno sano pagaba 3,14 euros; el joven 4,17 euros y en enfermería 5,92 euros. Por último, en los centros de más de 500 internos: el interno sano abonaba 3,09 euros; el joven 3,10 euros y en enfermería 5,71 euros.

Por otro lado, el coordinador del área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Valentín Aguilar, criticó la situación laboral "irregular y de semiesclavitud" que mantienen los presos respecto al resto de trabajadores del Estado español.

Así, indicó que sentencias de Juzgados de lo Social, confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han considerado como "ilegales" determinadas prácticas de la Administración Penitenciaria, que es la que tiene encomendada la "reinserción social de los penados".

Aguilar apuntó, en la actualidad, de los 65.700 presos dependientes del Ministerio del Interior --excluida Cataluña-- 11.500 realizan actividades laborales retribuidas en el interior de las prisiones, la tercera parte de ellos para empresas externas. Según advirtió, la retribución "no se ajusta al Salario Mínimo Interprofesional" y cuando el abono es por horas, "se consigna sistemáticamente para todos los trabajadores un número de horas muy inferiores a las realmente prestadas".

Asimismo, criticó, se abonan hasta 0,57 euros hora --en taller de confección las nóminas oscilan entre 80 a 150 euros por 140 horas mensuales--, lo que "incumple" la resolución de 26 de enero de 2009, que establece las retribuciones en un mínimo de 2,55 euros hora.

Además, señaló que, en dichas cantidades, están comprendidas las vacaciones --que no se disfrutan-- y la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias, perdiendo toda referencia al Salario Mínimo Interprofesional; los descansos "no son respetados al menos en algunos talleres como el de cocina, ni se abonan las horas extraordinarias".

Igualmente, apuntó que la duración de la relación laboral "no coincide con la de obra o servicio que se encomienda", los despidos "son muchas veces improcedentes, incluso declarados nulos por los jueces --que en muchos casos ordenan la readmisión del preso y una indemnización económica-- y no se dispensa cobertura de incapacidad temporal".

Por último, lamentó que los trabajadores aparecen en el Informe de Vida Laboral como que prestaron sus servicios para el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Oatpfe), lo que supone una "estigmatización de los mismos y no respeta el derecho a la intimidad".