Ferrovial considera que la Ley "no es mala y podría tener efectos positivos si se aplica de un modo razonable"
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director de Desarrollo de Negocio Corporativo y Medioambiental de Willis Correduría de Seguros y Reaseguros, Alfonso Urquijo, aseguró hoy que el sector asegurador español se encuentra "preparado para gestionar los riesgos derivados de la Ley de Responsabilidad Ambiental", aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados.
Urquijo hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia 'on line' celebrada esta mañana y organizada por el portal de internet de Medio Ambiente 'Ambientum', en la que se ha debatido el 'Nuevo Marco Jurídico de la Responsabilidad Medioambiental' y la transposición de la Directiva europea 2004/35/CE al marco normativo español.
En su opinión, la Ley "da una serie de pautas" para resolver la gestión de los riesgos ambientales, aunque consideró fundamental "introducir expertos en este campo". De cualquier modo, se mostró covencido de que "no se generarán problemas macroeconómicos, ni se verá afectado el grado de competitividad de las empresas", siempre que éstas "comiencen a evaluar dichos riesgos".
En este punto, el experto lamentó que la Ley "no cubra muchos riesgos ambientales" y volvió a hacer un llamamiento a las empresas para gestionar sus riesgos "de un modo adecuado, por lo que deben conocer el grado potencial de los mismos".
"El desarrollo de políticas medioambientales eficaces por parte de las empresas hará que sean más atractivas para las aseguradoras", aseveró Urquijo, que defendió el nivel existente en España en comparación con Europa, "aunque aún queda camino por recorrer en el caso de las pymes".
"APLICACIÓN RAZONABLE".
Por su parte, el director de Calidad, Prevención y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial, Valentín Alfaya, defendió que la Ley "no es mala, y podría tener un efecto positivo si se aplica de un modo razonable y eficiente, con sentido común".
Alfaya recordó que la Ley hace especial énfasis "en el fomento de medidas preventivas" aunque lamentó que, en el capítulo de sanciones, sólo se contemplen las graves y muy graves. "¿Por qué no hay leves?", se preguntó.
Por otro lado, Alfaya insistió en la necesidad "de desarrollar sistemas de consenso para medir la intensidad del daños ambientales". "La orientación hacia el daño sirve principalmente al empresario, a quien facilita la toma de decisiones, genera mayor certidumbre y origina una gestión ambiental más eficiente", afirmó.
La Ley de Responsabilidad Medioambiental obligará a las empresas, de forma progresiva a partir de 2011, a disponer de una garantía financiera para cubrir la responsabilidad medioambiental en la que puedan incurrir. El objetivo es dar cobertura legal al principio de 'Quien contamina, paga y repara'. En general, la norma obligará a más de 5.000 empresas industriales, más de un millón de explotaciones agrarias y más de 30.000 empresas de transporte y mercancías a corregir los posibles daños que ocasionen al medio ambiente.
En todo caso, si los daños potenciales se sitúan por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedarán exentos de esta exigencia. Entre 300.000 y 2.000.000 de euros, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Por encima del umbral de 2.000.000 de euros, se exigirá siempre la garantía financiera. Con todo ello, se quiere evitar que la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.
