Denuncia que la Directiva de Retorno supone la continuidad de una política de inmigración "represiva" en la UE
BRUSELAS, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer lamentó hoy que el pacto europeo de inmigración que pretende aprobar el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para introducir en Europa un "contrato de inmigración" vaya "en la misma línea que la propuesta de (el primer ministro italiano, Silvio) Berlusconi, pretendiendo criminalizar a los 'sin papeles'" y consideró que el contrato propuesto, "que obligaría a los inmigrantes a conocer la lengua del país europeo de acogida y a aceptar sus valores, resulta redundante y discriminatorio".
Ambas propuestas "no son más que un ejemplo de la política comunitaria en materia de inmigración que pretende convertir a la UE en una fortaleza cerrada a los inmigrantes, impulsando tan solo una inmigración escogida en función de los intereses de Europa y olvidando las cuestiones humanitarias que obligan a personas de terceros países a abandonar sus hogares", denunció el eurodiputado español en un comunicado.
Asimismo, criticó "la política de doble rasero de la Unión, que a la vez que intenta cerrar sus fronteras, diminuye la ayuda a la cooperación con los terceros países, poniendo en peligro el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y mostrando una insensibilidad ante la hambruna en un momento de crisis alimentaria como la actual".
El eurodiputado lamentó que la propuesta del mandatario francés, filtrada ayer por el diario británico 'Finantial Times' comparte el mismo espíritu represivo que la Directiva de Retorno, aprobada la semana pasada por los embajadores de los Veintisiete Estados miembros, para armonizar los procesos de deportación de los inmigrantes irregulares en la UE.
LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA
A juicio de Meyer, la Directiva de Retorno "también llamada de la vergüenza, supone la continuidad de las políticas represivas de la Unión en este ámbito e institucionaliza la desaparición de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes". El Parlamento Europeo todavía tiene que dar su visto bueno a la propuesta, que someterá a votación en el pleno de junio de la Eurocámara.
El eurodiputado aseguró que su grupo parlamentario en la Eurocámara, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europa, mantendrá en el pleno de junio su rechazo a "la aprobación de un texto legislativo que viola claramente los derechos fundamentales de las personas inmigrantes". "Tenemos una dura batalla el próximo mes de junio en el Parlamento Europeo para intentar paralizar esta Directiva, que pretende ser la pieza fundamental de la política represiva de la UE hacia los inmigrantes", remachó.
Meyer criticó que "la propuesta de ampliación del plazo de la detención de 6 a 18 meses que, en el caso de España, ahora es de 40 días, sólo tiene como objetivo castigar y controlar a los extranjeros, aumentando en sufrimiento de los retenidos, puesto que los centros de internamiento presentan condiciones deplorables".
La posibilidad de una detención casi automática y bajo justificación administrativa que avala la propuesta "la convierte en una detención arbitraria que contraviene el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos", denunció el eurodiputado de Izquierda Unida.
"Así lo ha señalado un informe de la propia Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, en cuyas conclusiones se recoge que en el caso de España se vulnera gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros que, por estar en situación administrativa irregular, se encuentran literalmente detenidos en estos centros de internamiento de carácter penitenciario en condiciones lamentables y sin que se pueda ejercer control externo alguno en la gestión de los mismos", recordó.
LA EXPULSIÓN ESTIGMATIZA
El hecho de que la Directiva de Retorno, pactada por los Veintisiete, prohíba por un plazo de cinco años el regreso de todo inmigrante expulsado de un país comunitario "supone un castigo y una estigmatización de los inmigrantes, además de una violación del derecho de reagrupación familiar, cerrando a su vez la puerta a la posibilidad de que estas personas puedan venir a Europa en intercambios culturales o profesionales", subrayó.
Sin embargo, la directiva deja en manos de cada Estado miembro la obligatoriedad o no de prestar asistencia jurídica a un inmigrante que vaya a ser expulsado. Los Veintisiete no llegaron a ningún acuerdo para armonizar la asistencia jurídica ofrecida a los inmigrantes por el rechazo de Alemania, Austria y Grecia a regularizar este procedimiento alegando los elevados costes que la asistencia jurídica obligatoria paras sus respectivas arcas nacionales.
El eurodiputado también lamentó el endurecimiento del trato para menores inmigrantes no acompañados en la Unión Europea, si prospera en la Eurocámara la directiva en su estado actual."Los menores no acompañados recibirán, en el caso de que se apruebe la Directiva, el mismo trato que los adultos, pudiendo ser retenidos en centros de internamiento y expulsados, en clara violación del principio fundamental del interés superior del menor recogido por el Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas", aseguró.
