BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament aprobó hoy por unanimidad la Ley de Servicios Sociales, que beneficiará en los próximos años a 1,3 millones de catalanes, 825.000 usuarios ya censados y 500.000 que podrán beneficiarse gracias a la universalización de los servicios sociales que propugna la normativa.
La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, se mostró "emocionada" por la aprobación de una ley que establece "igualdad de oportunidades para todos, acceso universal y servicios sociales de proximidad".
Capdevila calificó el momento de "histórico" por el consenso logrado, gracias a la voluntad del Govern pero también de todos los grupos parlamentarios. La consellera destacó que la normativa "abre los servicios sociales a las clases medias, que hasta ahora quedaban excluidas por una cuestión de renta", pues no podían acceder a los servicios privados y tampoco cumplían los requisitos para los públicos.
En este sentido, indicó que la ley establece un sistema de copago para las personas con rentas altas, mientras que los colectivos más desfavorecidos continuarán disfrutando de servicios gratuitos.
"Estamos colocando los servicios sociales en el lugar que se merecen", señaló Capdevila, que subrayó que la normativa, que entrará en vigor en 2008, crea un sistema catalán de servicios sociales públicos donde se encaja también la ley de dependencia estatal.
A pesar de votar a favor, los tres grupos de la oposición llevaron finalmente al Pleno un total de 52 enmiendas, que fueron todas rechazadas. Concretamente, CiU presentó 12, el PP aportó 24 y C's, 16.
NUEVA "PATA DEL SISTEMA CATALÁN DE BIENESTAR".
El diputado de ERC Pere Bosch fue el encargado de presentar la ley y consideró que marca un "punto y aparte" en el ámbito de los servicios sociales. Se trata de una nueva "pata del sistema catalán de bienestar", destacó.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en destacar el "esfuerzo" realizado para conseguir un texto consensuado. El diputado de CiU Josep Lluís Cleries destacó, además, el catálogo de servicios introducido a petición de CiU y C's.
Cleries celebró el "diálogo sincero y abierto" que hubo durante la discusión de la ley pero criticó el texto inicial y reivindicó que la calidad final de la normativa es consecuencia de las aportaciones hechas por su grupo. El diputado de la federación pidió a Capdevila que "sea tan ambiciosa" en el despliegue de la ley como durante su tramitación.
La diputada del PP, Montserrat Nebrera, compartió "buena parte" de la crítica vertida por CiU al texto inicial, del que se "avergonzó" por no tener "voluntad de riesgo". Advirtió, además, que "lo que se universaliza es el acceso a los servicios sociales y no el derecho" a ellos. Aun así, justificó el voto a favor del PP por las "personas", pero no por el "sentido de país".
El diputado de C's Antonio Robles advirtió que, en función de la aplicación que el Govern haga de la ley, "podrá ser fuente de creatividad y efectividad o de confusión e inestabilidad". Robles no se mostró optimista en la aplicación al desconocer el presupuesto que la acompañará.
Los tres grupos del Govern coincidieron al hacer una lectura "optimista" pero también "realista" del texto, en palabras de la diputada del PSC Consol Prados. Para Prados la norma es un "verdadero puntal" del Estado del bienestar que resuelve la "exclusión" a que estaban sometidas hasta hoy las clases medias. "Ganamos más derechos sociales y más cohesión", destacó Prados.
El republicano Pere Bosch añadió que la ley es un nuevo "acto de soberanía" que contribuye a la "conformación de un espacio nacional del bienestar". "Hoy dibujamos un nuevo horizonte de ambición nacional", afirmó.
Para la diputada de ICV-EUiA Laura Massana la normativa "es un paso gigante para una Catalunya con más cohesión social". La ecosocialista alertó a las administraciones locales de que "las políticas sociales no pueden tratadas como políticas marginales". Y es que la ley propone un modelo descentralizado y organiza los servicios sociales en áreas básicas por cada 20.000 habitantes.
